Crean comisión para investigar crímenes contra migrantes venezolanos

La Asamblea Nacional oficialista aprobó hoy por unanimidad la extensión de la Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra Migrantes venezolanos en el Extranjero, aunque en su primer informe acusaron a Iván Duque, presidente de Colombia, y a la oposición por estos hechos.

La decisión la tomaron los diputados de «la mayoría chavista» y de la «oposición minoritaria» disidente, en una polémica sesión que debatió las causas del mayor éxodo de venezolanos en los últimos años, y la estigmatización y xenofobia a la que son sometidos en países como Colombia.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, acusó al Parlamento electo en 2015 de haber usado a los migrantes como «la verdadera carne de cañón» en una supuesta «guerra» contra el gobierno de Nicolás Maduro.

«Estos migrantes fueron la verdadera carne de cañón de esta guerra que se inició desde aquí mismo», aseveró en el plenario.

«Julio Borges dijo que éramos una peste porque formaba parte de la operación psicológica criminal», acotó durante su intervención.

Además, recordó como «indignante», el acta de la sesión de la Asamblea Nacional del 5 de febrero del 2019 y «la firma de un criminal llamado Juan Guaidó que aprobó el mal llamado Estatuto de Transición, que no fue que otra cosa que un golpe de Estado o un intento de golpe contra la Constitución».

«En algún momento, tienen que responder ante la justicia internacional y de Venezuela, Julio Borges, Iván Duque, Manuel Rosales, Juan Guaidó y los que firmaron este estatuto. No podemos dejar que Duque y Borges se vayan impunemente por haber cometido este acto, el más criminal de todos; porque ladrones ya sabíamos que eran, ¿Pero homicidas e instigadores de homicidios? Es brutal», afirmó.

Rodríguez criticó a la bancada opositora disidente porque siempre señala que los connacionales se fueron por la crisis del país, y recordó que Venezuela recibió 772 medidas unilaterales en 17 meses, entre ellas la del 4 de agosto de 2019, cuando Donald Trump sancionó la posibilidad de comerciar el crudo venezolano.

«Es la misma hipocresía de esa jerarquía católica que se para y dice, porque lo dijo Baltazar Porras hace 3 días, que EEUU no debería levantar las sanciones todavía. ¿Eso es cristiano? Con todo respeto, eso es criminal», afirmó.

Por su parte, la diputada opositora disidente, Angelith Tamaño, afirmó que «muchos tuvieron que migrar no en la mejor condición gracias al sueldo y salario mínimo de 3 dólares que no alcazaba para nada».

La parlamentaria denunció que no hay una política efectiva para repatriar los cuerpos de los venezolanos del exterior, ni «una política clara para atender las denuncias sobre los crímenes de que son víctimas».
«Recibimos a través de una página creada 2.532 denuncias, que fueron dirigidas a los distintos organismos, pero no tenemos conocimiento que han sido procesadas o atendidas», dijo.

Asimismo, criticó que no estén contabilizados los migrantes porque «no tenemos control de nuestras fronteras», y pidió al Parlamento ratificar el acuerdo suscrito por países de Sudamérica para convalidar los títulos académicos.

«Migrar es un derecho humano que viene acompañado por otros derechos sociales, como salud, educación, vivienda, trabajo. Los venezolanos somos venezolanos en cualquier parte del mundo y el Estado debe procurar nuestra protección», resaltó.

De acuerdo con el informe de la Comisión, presentado por el diputado chavista Julio Chávez, la mayoría de los delitos ocurridos contra los connacionales han sido en Colombia, especialmente en territorios controlados por el narcotráfico, llegando a 1.279 el número de víctimas, entre 2016 y 2021.

Chávez acusó a Duque y a la oligarquía colombiana, de tener una «política sistemática de exterminio, masacre, y asesinato» contra los venezolanos.

Asimismo, responsabilizó «a la derecha extremista» de incorporar «mecanismos de guerra psicológica que indujo la migración», y de usar el estatuto de transición «para estimular ataques xenófobos y de odio«.

Tras el debate, la Comisión acordó continuar recibiendo y atendiendo las denuncias, trabajar las diez propuestas para ejecutarlas como instrumentos legales del Parlamento, y precisar en el informe los nombres completos de los venezolanos asesinados en Colombia.

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