Claudia Patricia Díaz Guillén, quien anteriormente fue enfermera del fallecido Hugo Chávez, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron sentenciados por participar en un esquema corrupto de lavado de dinero que desangró las arcas del Estado venezolano.
Devolverán US$136 millones en bienes y efectivo, equivalentes al beneficio que adquirieron. Además, cada uno deberá pagar una multa de US$75.000.
La ex enfermera de Chávez y su esposo fueron condenados a 15 años de prisión y tres años de libertad vigilada en un tribunal de Florida, Estados Unidos.
Díaz Guillén fue miembro de la Guardia de Honor, cuerpo responsable de la seguridad de los presidentes venezolanos, y parte del equipo de médicos y enfermeras que cuidaban al fallecido mandatario, quien terminó nombrándola como Tesorera Nacional.
Según la Fiscalía estadounidense, Díaz Guillén enriquecerse a través de un esquema corrupto de lavado de dinero mientras estaba en esa carga.
El juicio en su contra fue la culminación de un proceso judicial que se hizo público en 2018, cuando la pareja fue detenida en Madrid, donde residían, por una solicitud de extradición de las autoridades venezolanas que los acusan de presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito.
La petición de Caracas no prosperó, pero en 2022 las autoridades españolas dieron luz verde a una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
Díaz Guillén defendió haber accedido a esos cargos públicos por méritos propios. Explicó que, en paralelo a la vida militar, estudió para obtener títulos en Enfermería y Derecho en la Universidad Central de Venezuela.
Eso le habría permitido, tras incorporarse a la Guardia de Honor en 2001, sumarse en 2003 al equipo de médicos y enfermeras que atendían a Chávez. En 2011, el mandatario venezolano designó a Díaz Guillén como responsable de la Tesorería Nacional de Venezuela y como secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Ella existió en ese cargo hasta marzo de 2013, cuando fue destituida por Nicolás Maduro.
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, entre 2011 y 2013 Díaz Guillén recibió sobornos de al menos US$65 millones pagados por el empresario venezolano Raúl Gorrín, propietario del canal de noticias Globovisión, quien está actualmente solicitado por la justicia en EE.UU.
Supuestamente, el pago de estos recursos tiene como fin permitir a Gorrín realizar operaciones de cambio de divisas en el marco del estricto sistema de control de cambios establecido por Chávez en Venezuela.
Díaz Guillén se enfrentó a sospechas por conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses ven a su esposo como una pieza instrumental para estas operaciones, pues supuestamente parte de los sobornos fueron pagados por medio de transferencias a su nombre o el de empresas de su propiedad.