Alrededor de 19 millones de personas tienen al menos una necesidad de salud en condiciones humanitarias en este país que a «escala nacional» registra una Emergencia Humanitaria Compleja.
Jo D’Elia, sociólogo e investigador del capítulo de derecho a la salud del Informe Anual del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos (Provea), lo afirmó al precisar que «más del 80% del sistema sanitario público está caído», por lo que aproximadamente 19 millones de personas han perdido el acceso al servicio de salud.
«Eso implica que esos 19 millones de personas tienen al menos una necesidad humanitaria en salud, pero que también es muy parecido a lo que están viviendo en educación, alimentación, etc.», afirmó durante un foro realizado en Caracas.
Además, precisó que «son 10 millones de personas que tienen problemas de salud grave, que no tienen garantías de ser atendidos de ninguna manera y de los cuales, de acuerdo a fuentes primarias, aproximadamente 40% no recibieron atención médica desde hace un año y tampoco tuvieron acceso a medicamentos».
En este sentido, puntualizó que la carga de enfermedad aumentó en la población porque «una enfermedad que no es diagnosticada, que no es atendida, causa problemas a la gente».
«La carga de enfermedad es muy alta en Venezuela.
Evidentemente, las enfermedades crónicas tienen un peso mayor que las agudas, aunque hay un exceso en las agudas con el Covid-19 de la cual aún no tememos cifras», expresó.
D’Elia destacó que en el país había un sistema de salud «con más disposición en capacidad de números de centros, camas y en extensión geográfica», que «venía en crisis desde hace mucho tiempo por una política de desfinanciamiento sistemático en favor de otros sistemas paralelos, que fueron tratando de montarse y que no tuvieron la capacidad de mantenerse en el tiempo».
«Eso, logro que el sistema de salud público fuese debilitado en su capacidad, y en esas condiciones entramos en lo que llamamos una Emergencia Humanitaria Compleja que es una categoría internacional», afirmó.
Explicó que la Emergencia Humanitaria Compleja muestra un fenómeno diferente que tiene que ver en Venezuela, y «por eso es tan inédito, con un largo proceso de desinstitucionalización del Estado y de desestructuración de la vida social y económica de los venezolanos». «Eso fue lo que ocurrió a partir del 2016 en gran cantidad de programas, y por eso es una crisis multidimensional», acotó.
Además, dijo que uno de los impactos más visible de la emergencia es la migración, porque «la gente se va porque no pueden sobrevivir, es una emergencia humanitaria compleja en escala nacional».
«Otro impacto es la salud mental, el sistema sanitario no tiene atención mental. Personas adultas tienen un gran impacto y no hay atención», fustigó.
D’Elia sostuvo que «eso de que se está arreglando Venezuela me parece un cliché, porque algunas personas regresaron a su normalidad, pero no quiere decir que salimos de la emergencia, la emergencia sigue».
A su vez, Desirée González, investigadora del capítulo Seguridad Social de Provea, destacó que «resulta paradójico que hay una Ley Orgánica de Seguridad Social casi perfecta, pero en la práctica no existe seguridad social».
«Esa Ley no se ejecuta, es letra muerta. En la práctica tenemos políticas asistencialistas, lo hizo Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, con los bonos, los Clap, que es algo muy diferente a lo que determina la ley», afirmó.
Precisó que «los 28 bonos recibidos durante todo el año, que equivalen a una ínfima suma de 82,4 millones de dólares, representa que cada beneficiario recibió menos de 1 dólar».
«En Venezuela no hay políticas públicas enfocadas en los derechos humanos, en la población vulnerable. Tampoco existe una rendición de cuentas, ni transparencia de los proyectos ni de la población beneficiada», apuntó.