Los uniformados aseguran que ya cumplieron sus condenas y denuncian retrasos procesales que, según afirman, han prolongado de forma irregular su permanencia en prisión.
Un total de 31 militares encarcelados en Venezuela iniciaron una huelga de hambre para exigir su liberación. Los participantes sostienen que ya cumplieron las condenas impuestas por la justicia, pero continúan privados de libertad debido a retrasos en los procedimientos judiciales.
La protesta comenzó el pasado 9 de noviembre en la prisión militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda. Inicialmente fue impulsada por 24 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes permanecen detenidos desde hace más de siete años.
Con el paso de los días, otros militares vinculados a diferentes causas penales decidieron sumarse a la medida, elevando la cifra de huelguistas a 31.
Reclaman que ya cumplieron sus penas.
Los sargentos aseguran que completaron sus condenas a finales de octubre y que, pese a ello, no han recibido las órdenes de excarcelación correspondientes.
Familiares de los detenidos han respaldado públicamente la protesta y denuncian que los militares continúan en prisión pese a haber agotado el tiempo de condena establecido por los tribunales.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares, quienes exigen una respuesta de las autoridades.
Apoyo de dirigentes opositores y ONG.
La huelga de hambre recibió el respaldo de diversas figuras de la oposición venezolana, entre ellas María Corina Machado y Dinorah Figuera.
Por su parte, la organización Foro Penal emitió un comunicado en el que manifestó preocupación por el estado de salud de los militares y advirtió sobre los riesgos derivados de una protesta prolongada de este tipo.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido declaraciones públicas sobre las denuncias realizadas por los huelguistas.
Un caso ligado a la rebelión de Cotiza.
La mayoría de los militares involucrados fueron detenidos tras la denominada rebelión de Cotiza, un intento de insubordinación ocurrido en enero de 2019 contra el entonces gobierno de Nicolás Maduro.
Durante aquellos acontecimientos, varios efectivos llamaron públicamente a desconocer al Ejecutivo y pidieron la restauración del orden constitucional.
Desde entonces permanecieron recluidos en centros de detención militar.
Persisten los reclamos por los presos políticos.
La protesta ocurre en un año marcado por la liberación de cientos de detenidos a través de distintos procesos de amnistía y revisión de casos.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que todavía permanecen encarceladas más de 300 personas consideradas presos políticos, una parte importante de ellas vinculadas a las Fuerzas Armadas.
Diversos analistas señalan que los casos relacionados con rebelión militar han sido históricamente tratados con especial severidad debido a su impacto dentro de la estructura de poder del chavismo.
Mientras continúa la huelga de hambre, familiares y organizaciones civiles mantienen los llamados para que las autoridades revisen la situación jurídica de los militares que aseguran haber cumplido completamente sus condenas.