Un total de 46 violaciones al derecho a defender los derechos humanos se registraron durante agosto de este año en todo el país; informó hoy el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«La Política de Criminalización en contra de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos no ha cesado. Las personas defensoras se siguen enfrentando a la lógica del enemigo interno mientras el Estado profundiza y perfecciona los mecanismos para reprimir; controlar y limitar el ejercicio de sus acciones»; alertó la ONG en su reporte más reciente sobre la situación de las personas defensoras de DDHH en Venezuela.
Asimismo, advirtió que «adicionalmente la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país se suma a los elementos que consolidan un entorno hostil y adverso para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos».
«Las medidas represivas y de control social continúan siendo aplicadas como forma de represalia en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos», indicó.
Precisó que los 46 ataques e incidentes de seguridad documentados durante agosto demuestran que. «la estigmatización con base en un discurso de odio y descalificación es el punto de partida de la Política de Criminalización; ocasionando el incremento de agresiones más violentas como actos de intimidación, hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias, entre otros».
«La estigmatización busca además generar un impacto disuasivo en las organizaciones como parte del terrorismo de Estado empleado para controlar a la población mediante la emisión de «mensajes y castigos ejemplarizantes»», apuntó.
Detalló que las 46 violaciones registradas estuvieron caracterizados por: 37 estigmatizaciones, 6 intimidaciones y hostigamientos, 2 amenazas, y 1 ataque digital.
«Todos ataques estuvieron dirigidos en contra las organizaciones derechos humanos y organizaciones que realizan acciones humanitarias», resaltó.
Responsables identificados
Además, señaló que los principales responsables de estos ataques e incidentes de seguridad documentados fueron «funcionarios públicos y miembros del Poder Ejecutivo; quienes hicieron uso de sus perfiles en redes sociales, o declaraciones en medios de comunicación gubernamentales para estigmatizar, amenazar e intimidar».
Asimismo, dijo que «las agresiones fueron realizadas por personas o agrupaciones afectas a los intereses políticos del Estado; miembros de los entes asociados o que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3)».
«Los agresores perpetraron principalmente amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y se sumaron a las campañas de estigmatización», acotó.
Igualmente sostuvo que «desde los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en redes sociales, así como las Instituciones Públicas o entes del Estado» se perpetraron las agresiones documentadas.
En este sentido la ONG alertó que «a través de las campañas de estigmatización se sigue profundizando y robusteciendo la Política de Criminalización en contra de la defensa y exigencia de derechos humanos, haciendo de la defensa de derechos una labor de alto riesgo» «El uso de la lógica del enemigo interno debe cesar. Las organizaciones y personas defensoras de los DDHH son actores esenciales para la democracia y sus acciones deben ser promovidas y protegidas», exigió.
Asimismo, consideró «imprescindible que para la solución de la crisis socio-política existente en el país cesen los actos de violencia, represión y control social que el Estado emplea como medio para permanecer en el poder y que genera impactos negativos en el disfrute de los DDHH en Venezuela».
«Los distintos actores que conforman el Estado deben trabajar en función de generar entornos propicios y seguros para que quienes promueven, exigen y defienden derechos puedan hacerlo de forma libre y sin temores», puntualizó la ONG en el reporte que registra las 46 violaciones.