La Comisión Especial de la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, exhortó hoy al Poder Judicial para que en un plazo 48 horas capture a los diputados del Parlamento electo en el 2015 por «usurpación de funciones y delitos en flagrancia».
«Este es un exhorto del Parlamento al Poder Judicial y al Ministerio Público para que nos respondan porque motivos ellos no han procedido a la aprehensión en flagrancia de estos delincuentes, y que no solo respondan, que lo hagan», instó Iris Varela, primera vicepresidenta de la Cámara. Y sumo: «Yo creo que 48 horas es un plazo prudencial, 48 horas para que ellos procedan a emitir una orden captura contra estas personas».
El Parlamento opositor que encabeza Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, apeló a la continuidad constitucional y administrativa, tras una reforma parcial al Estatuto que rige la Transición a la Democracia aprobada por la Cámara en el 2019, y extendió el periodo del Legislativo hasta el 5 de enero de 2022 o que se produzcan elecciones libres, «lo que ocurra primero».
De esta forma la Asamblea Nacional opositora, cuyo periodo era 2016-2021 continúa legislando a través de la Comisión Delegada pese a que el Tribunal Supremo de Justicia, al que acusan de servir al presidente Nicolás Maduro, declaró nulo la reforma del Estatuto.
Varela sostuvo que la investigación que adelanta la Comisión Especial seguirá su curso «porque hay que documentar todos los daños y precisar los delitos, y decirle al Poder Judicial por la flagrancia de estos delitos meta presos a estos».
«Uno de los delitos es la usurpación, ellos están en flagrancia continuada», afirmó.
Varela declaró tras instalar la Comisión Especial de investigación que preside el diputado José Brito, disidente de la oposición, acusado de presuntos hechos de corrupción vinculados con el programa de alimentos que a precios subsidiados vende el gobierno de Maduro a través de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Brito anunció que la Comisión se «declara en sesión permanente» y que el ciclo de comparecencia de la antigua junta directiva del Parlamento comenzará a partir del lunes 25 de enero.
«Proponemos la prohibición como orden de salida del país, de los miembros de las antiguas juntas directiva de la Asamblea Nacional», expresó.
Asimismo, dijo que por decisión de la plenaria los primeros a interpelar serán: el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el fiscal general, Tarek William Saab, y también llamaremos algunos ministerios».
«Habrá un ciclo de interpelación como tal. Aquí no se confunda diferencia con odio, ni justicia con venganza, que es un despropósito, y la justicia es un claro propósito para los delitos que de manera contumaz se están realizando contra la República», afirmó.
Explicó que las investigaciones se basan en el «espectro de los 5 años de la Asamblea Nacional de 2015» y que la Comisión «garantizará las debidas comparecencias».
«Queremos que este ciclo de comparecencias sea público, nada de gallos tapados y que el pueblo conozca de primera línea las grandes verdades que van surgir de esta investigación», afirmó.
Además, invitó a los empresarios, clase media, personas afectadas en salud, pacientes renales, personal de finanzas de la estatal Pdvsa porque «hay que hablar que está ocurriendo con el tema del combustible y la falta de gas».
Asimismo, indicó que el informe que irá a la plenaria «será una prueba fehaciente para que se establezcan responsabilidades».
«Tenemos un lapso perentorio de 30 días por eso nos hemos declarado en sesión permanente», manifestó.