Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena del presidente del tribunal supremo de justicia del gobierno bolivariano, Maikel Moreno.
Estados Unidos acusa a Moreno de participar en el crimen organizado transnacional, lo cual él niega.
Es el último funcionario de alto rango en la administración del presidente Nicolás Maduro por quien se ofrece una recompensa multimillonaria.
Estados Unidos no reconoce al gobierno de Maduro como legítimo.
Maikel Moreno (54 años) es el juez que dirige la Corte Suprema de Venezuela desde febrero de 2017.
La Corte Suprema ha jugado un papel clave en la anulación de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, la única institución que no está controlada por el gobierno de Maduro.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos alega que el Sr. Moreno recibió sobornos a cambio de decirle a los jueces que liberen a los acusados o desestimen los casos por completo. El alto personero del gobierno bolivariano fue acusado de lavado de dinero a principios de este año por un tribunal de Florida.
El pasado martes, el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional de los Estados Unidos ofreció $ 5 millones por información que conduzca a su arresto o condena por presuntamente «participar en el crimen organizado transnacional».
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el gobierno de los Estados Unidos estaba enviando un mensaje claro.
Moreno desestimó las acusaciones y dijo que «no era la primera vez que los portavoces del imperio norteamericano intentaban atacarme con sus torpes ataques, llenos de manipulaciones y mentiras».
Agregó que «acusaciones cobardes e infundadas como estas solo fortalecen mi deseo de seguir trabajando desde la Corte Suprema para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso a todos los ciudadanos de la tierra».
Los grupos de derechos humanos dicen que los derechos de los ciudadanos venezolanos son violados rutinariamente en forma de detenciones arbitrarias, tortura a manos de las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales.
Un informe de las Naciones Unidas publicado la semana pasada también dijo que las víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos tenían dificultades para obtener justicia en los tribunales venezolanos .
El gobierno de Maduro rechazó el informe como «parcial».
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