Un total de 62 reclusos detenidos en calabozos policiales murieron durante el primer semestre del 2022, informó hoy la ONG Una Ventana a la Libertad.
En su informe difundido este viernes titulado «Situación de los derechos humanos de las y los Privados de Libertad en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela», la ONG precisó que «la principal causa de muerte en estos calabozos son las enfermedades».
«Del total de las defunciones, 55 fueron por complicaciones en la salud con tuberculosis, desnutrición, Covid-19, infartos, bronquitis, convulsiones, insuficiencia renal y Accidentes Cerebrovasculares (ACV)», detalló.
Además, indicó que el resto de las defunciones confirmadas entre enero y junio del año en curso, corresponden a riñas, con cuatro casos, muertos por fuga y recaptura, con dos casos, y un recluso fallecido por abuso de funcionario.
El informe señaló que, en 335 calabozos policiales monitoreados en el país por los investigadores de la ONG, se determinó que «347 privados de libertad tienen tuberculosis; 1.116 reclusos tienen escabiosis; 1.075 han presentado gripe; 33 han tenido Covid-19 y 53 tienen VIH».
«El hacinamiento es una de las principales razones de la propagación de las enfermedades», advirtió.
En este sentido, afirmó que, en las prisiones preventivas, se registró 156,54 % de hacinamiento, toda vez que hay 16.778 reclusos detenidos en estos espacios, que tienen capacidad de albergar a 10.718 personas por un lapso de 48 horas mientras son presentadas en tribunales.
Por otra parte, señaló que, en el primer semestre de 2022, aparte de las muertes de los 62 reclusos, se registraron al menos 373 casos de extorsión por parte de funcionarios policiales encargados de la custodia en los Centros de Detención Preventiva.
«En 108 comisarías los efectivos cobraron dinero para permitir el ingreso de medicamentos; en 75 calabozos se cobró para permitir el ingreso de alimentos; en 89 se solicitó dinero para traslados ante emergencia de salud, y en 101 pidieron dinero para traslados a tribunales con boleta autorizada por Fiscalía», puntualizó.
Asimismo, destacó que «como en periodos anteriores, se confirmó que la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas detenidas se mantiene».
«El Estado sigue sin asumir su responsabilidad por la vida y calidad de vida de estas personas. El debido proceso continúa casi totalmente detenido, victimizando más a quienes están en los Centros de Detención Preventiva», fustigó.