En el año de la pandemia, Colombia ha sido testigo de 84 masacres, las dos más recientes registradas en las últimas horas en los departamentos de La Guajira y Antioquia, en donde fueron asesinadas seis personas.
El primero de esos crímenes múltiples ocurrió en la víspera en zona rural del municipio de Caucasia cuando un grupo de hombres uniformados, armados y en lanchas remontaron el río Nechí hasta arribar a la pequeña población de Cuturú, donde abrieron fuego de manera indiscriminada contra los pobladores.
En el ataque, atribuido al denominado «Clan del Golfo», una estructura criminal conformada por paramilitares y narcotraficantes, murieron tres personas y cinco más resultaron heridas.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, conjeturó que el ataque sería parte de una confrontación de esa estructura criminal contra «Los Caparros», otra banda delincuencial, en abierta disputa por el control de los territorios, el narcotráfico, cultivos ilícitos y la minería ilegal.
Trujillo ofreció una recompensa de 100 millones de pesos (unos 28 mil dólares) por información que conduzca al arresto de los perpetradores.
Este lunes se supo de otra masacre ocurrida en un barrio del municipio de Maicao, en La Guajira, donde dos hombres en motocicletas dispararon contra un grupo de personas que se hallaba en la calle hacia la media noche del domingo.
En la acción murieron un menor de edad de 14 años, su padre y otro adulto, de acuerdo a la versión de las autoridades locales. Otra persona herida fue trasladada a un hospital de ese municipio.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) incluyó estas dos nuevas masacres a su lista de casos ocurridos este año, en la que figuran los lugares y fechas de cada uno de esos crímenes.
En total han sido asesinadas 350 personas, en 59 municipios de 21 departamentos, siendo Antioquia (20) y el Cauca (suroeste con 13) las zonas del país con el mayor número de homicidios de este tipo.
Camilo González Posso, director de Indepaz, una oenegé que lleva 36 años documentando el conflicto armado interno, dijo que más allá de los sicarios que halaron los gatillos y acabaron con las vidas de estas personas, lo que hay detrás de todos estos asesinatos son unas estructuras paramilitares y mafiosas que obedecen a intereses de grupos «muy poderosos».
Criticó las acciones del gobierno cuyos funcionarios suelen llegar horas y a veces hasta días después a los lugares de las masacres a presidir consejos de seguridad, luego ofrecen recompensas en dinero y se marchan sin proponer soluciones estructurales a un fenómeno de violencia que retrocedió al país a cifras de 2005.
González Posso comparó las 84 masacres de este año con las 39 que se registraron en 2010, en plena guerra del Estado contra las FARC y los paramilitares, y los ocho crímenes colectivos que sucedieron hace cuatro años cuando se firmó el acuerdo de paz.
Más allá de explicar las razones y los autores, que suelen ser siempre los mismos: el ELN, disidentes de las FARC y bandas criminales en disputas por negocios ilícitos, el investigador dijo que se trata de un fenómeno que si no se detiene y neutraliza seguirá multiplicándose.
«Aquí en Colombia se ha tenido una práctica de décadas» y es la de «utilizar la masacre como un instrumento para las acciones de control militar y territorial en medio de confrontaciones por recursos», dimensionó González Posso.