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Activistas de DDHH aplauden informe de Bachelet

Activistas defensores de Derechos Humanos calificaron hoy de «relevante» el nuevo informe presentado por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas, sobre la crisis de Derechos Humanos en Venezuela.

«Han sido muy importantes para Venezuela las actualizaciones de los informes tanto de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos como el de Bachelet que han presentado nuevos hallazgos sobre la situación de derechos humanos que se sigue deteriorándose en el país», dijo Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia.

Romero criticó que, ante esta realidad, el «Estado no ha mostrado signos reales de querer avanzar hacia la construcción de mecanismos que puedan solucionar esta situación».

«Por el contrario han seguido reduciendo los espacios cívicos y toda esa represión enmarcada en la lógica del enemigo interno, han seguido profundizándose», expresó.

Destacó que el Estado descalifica ambos informes porque «se siente afectado» y porque busca «deslegitimar la información y las denuncias».

De igual manera indicó: «Pretenden hacer ver que por ser miembro del Consejo de los Derechos Humanos o por haber formado un acuerdo de Entendimiento con la Oficina de la Alta Comisionada es un país que garantiza los derechos humanos, incluso cuando estos órganos han demostrado que no es así».

En este sentido sostuvo que es «fundamental seguir denunciando para poder seguir nutriendo a estas instancias y avanzar hacia la creación de procedimientos que permitan la resolución de estas situaciones y el alcance de la justicia».

Por su parte, Alfredo Aguilar, abogado defensor de DD. HH. destacó que la actualización del informe de Bachelet es «muy relevante desde el punto de vista legal, jurídico, derecho internacional y en lo que tiene que ver con la jurisdicción internacional de la Corte Penal Internacional (CPI) que está avanzando en la investigación del examen preliminar Venezuela I, que es el de la violación de DD. HH. que se abrió en el 2018».

Recordó que ese es el caso que está en su última etapa sobre los «crímenes de lesa humanidad» cometidos por autoridades del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición, al menos desde abril de 2017, durante las protestas antigubernamentales que dejaron más de un centenar de muertos.

«El régimen a través del fiscal general, Tarek William Saab, ha intentado lavarse la cara para dar la apariencia de que están investigando los casos y evitar la jurisdicción de la Corte, pero es imposible después de un contundente informe», afirmó.

Asimismo, Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, destacó la importancia de ambos informes, que dijo «coinciden en señalar las violaciones sistemáticas en Venezuela y ponen en evidencia que el discurso oficial no tiene ningún asidero».

Enfatizó que ambos son «actos de justicia para las víctimas, para las que son ignoradas, para los familiares de los que denuncian, que son amenazados», pero advirtió que «no son para tumbar el Gobierno, sino para denunciar violaciones de DD. HH. y que la comunidad internacional mantenga el foco en Venezuela».

El informe de Bachelet como el de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU fueron rechazados categóricamente por el gobierno de Nicolás Maduro, que además anunció que someterá a revisión la relación con la oficina de la Alta Comisionada, así como «la próxima renovación de la Carta de compromiso».

Bachelet en su actualización oral del informe sobre Venezuela, entre otros aspectos, pidió que se realicen investigaciones judiciales sobres las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de las operaciones de seguridad, tras afirmar que sigue recibiendo denuncias sobre esta práctica.
Además reiteró su llamado a la administración de Maduro para que proceda a la liberación incondicional «de todos aquellos detenidos arbitrariamente».

En tanto, Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, en su actualización del informe, difundida el miércoles, entre otros señalamientos, destacó que han identificado más de 200 asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado solo en lo que va de 2021.

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