Una misión de investigación de la ONU afirma que el sistema de justicia de Venezuela ha desempeñado «un papel importante»; en la represión estatal de los críticos del gobierno.
Según el informe, el poder judicial de Venezuela carecía de independencia y había permitido que no se controlaran graves violaciones de derechos humanos, concluyó su informe.
También indica que, los funcionarios públicos han podido cometer delitos con impunidad, denuncias que son continuas y no tienen asidero en el sistema judicial.
El equipo realizó 177 entrevistas y analizó 183 detenciones de personas que son, o que el gobierno percibe como opositores.
En otro aspecto, los investigadores indican que los detenidos habían sido sometidos a torturas; incluida violencia sexual, y que algunos habían sido «privados arbitrariamente de la vida». Tampoco se ha investigado ni procesado a ningún funcionario de alto nivel en estos casos, indican en el informe.
Uno de esos casos es el del estudiante Juan Pablo Pernalete. Este joven murió luego de ser golpeado con un bote de gas lacrimógeno disparado a quemarropa por la Guardia Nacional durante una protesta contra el gobierno en 2017.
Este informe ha sido calificado como fraudulento por parte del gobierno bolivariano.
El caso Pernalete
En mayo de 2021; el fiscal general Tarek William Saab anunció que 12 miembros de la Guardia Nacional habían sido arrestados y acusados de «complicidad en un homicidio involuntario». Previamente el gobierno bolivariano, con Saab como vocero; había sostenido durante años que otros manifestantes habían matado a Juan Pablo Pernalete con una pistola de cerrojo.
El anuncio de Saab causó sorpresa, pero los padres de Juan Pablo Pernalete han señalado que ninguno de los acusados fue detenido. También han dicho que el cargo de «complicidad en un homicidio involuntario» no refleja la gravedad del asesinato de su hijo.
El informe publicado por la misión de investigación de la ONU el jueves se hizo eco de las preocupaciones de los padres y dijo que había indicios de que los procedimientos en el caso no se llevaron a cabo de forma independiente.
La madre de Juan Pablo Pernalete, Elvira Llovera; dijo a la BBC que el informe subrayaba lo que venían diciendo muchos de los familiares de víctimas de la represión; que el sistema de justicia no es imparcial.
El caso Pernalete no es aislado.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, dijo que «la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada; comprometiendo su papel de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales».
Fuentes dentro del poder judicial dijeron a la misión que los jueces recibían habitualmente órdenes del gobierno de Maduro sobre cómo decidir los juicios.
La Sra. Valiñas agregó que la investigación encontró «motivos razonables para creer que en lugar de brindar protección a las víctimas de violaciones y crímenes de derechos humanos; el sistema de justicia venezolano ha desempeñado un papel significativo en la represión estatal de los opositores al gobierno».
El resultado, dijo, fue que los funcionarios públicos, incluidos algunos de alto nivel, habían podido cometer violaciones de derechos humanos y otros delitos con impunidad.
La misión dijo que también había encontrado que los jueces habían admitido información obtenida bajo tortura como prueba contra los acusados.
La misión agrega en el informe que los jueces también devuelven a las víctimas de tortura a las mismas cárceles donde reciben abusos; lo que significa que algunas reciben más torturas.