La ONG Amnistía Internacional le pidió a Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, que suspenda el suministro, venta o transferencia de armas y munición para la policía antimotines de Colombia, como respuesta a la violencia desatada por la fuerza pública durante las tres semanas de protestas sociales.
La organización dijo que «a la luz de pruebas visuales» verificadas por ellos «se están utilizando indebidamente» tanto armas como equipos estadounidenses «para cometer violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes en Colombia».
«La organización pide al secretario de Estado Blinken que cese inmediatamente el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo utilizado para la represión», dijo Amnistía Internacional en un comunicado en su sitio online.
Las armas que piden no suministrar más a Colombia son las utilizadas por la policía antimotines que incluye escopetas, munición, gases lacrimógenos, proyectiles, lanzadores antidisturbios, incluso vehículos blindados, aparatos tecnológicos para vigilancia y «cualquier otra asistencia técnica o financiera».
«El papel de Estados Unidos en el fomento de los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es escandaloso», acusó Philippe Nassif, director de incidencia política de Amnistía Internacional Estados Unidos.
«El gobierno de Estados Unidos ha tenido una angustiante participación en los asesinatos, las desapariciones, la violencia sexual y otras torturas, y la horrenda represión de decenas de manifestaciones, en su mayoría pacíficas», agregó a su crítica el vocero de la organización.
Nassif exigió a Washington detener la colaboración armamentista hacia las fuerza armadas colombianas hasta que cumplan con el derecho y la normatividad internacional «sobre el uso de la fuerza», cuando se investiguen de manera «imparcial» e «independiente» los abusos policiacos y hasta tanto no se rindan cuentas por «todas las violaciones de los derechos humanos que han cometido las autoridades colombianas, con el apoyo de Estados Unidos».
«El secretario Blinken tiene el poder de detener el miedo y el terror que están soportando los manifestantes colombianos, y debe hacerlo inmediatamente», urgió.
De acuerdo con la Fiscalía colombiana, al menos 15 civiles han fallecido en el marco de las protestas y se indaga por otros 11 casos, además de 1025 personas heridas y 1021 policías lesionados.
El ente abrió 144 investigaciones disciplinarias contra policías, 68 por abuso de autoridad, 10 por homicidios, 29 por agresiones físicas, 15 por lesiones personales, dos por acoso sexual y 20 por otras conductas.
También busca establecer el paradero de cerca de 300 personas declaradas como desaparecidas, de acuerdo a un reporte divulgado hoy.
La ONG Temblores, que documenta casos de abuso policial, y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informaron que entre el 28 de abril y el 18 de mayo el total de víctimas mortales en las protestas ascendía a 51, al menos 43 se atribuían presuntamente a la fuerza policiaca.
La lista no paraba ahí. Según las dos organizaciones no gubernamentales se tienen registros de 2387 casos de violencia policiaca, se conoce de 33 personas heridas en los ojos y de 27 mujeres agredidas sexualmente, entre otros datos.
Hace seis días un grupo de 55 congresistas estadounidenses le pidieron también a Blinken suspender la asistencia norteamericana a la policía de Colombia, incluida la venta de equipos y armas, hasta que se establecieran estándares de manejo de los derechos humanos, y reclamaron una posición firme de rechazo de la Casa Blanca frente a la violencia de su principal aliado en Sudamérica.