Tarek William Saab, informó que ya fue apelada la absolución del militar que mató a quemarropa al estudiante David Vallenilla durante una protesta antigubernamental en la base aérea de Caracas, en 2017.
«En estos momentos el fiscal que hemos designado para este caso procede a apelar la sentencia absolutoria en la cual en nombre del Estado no hemos estado de acuerdo»; dijo en la sede del Ministerio Público.
Durante su intervención destacó que las protestas antichavistas que estremecieron al país desde abril a julio del 2017, y dejaron más de 120 muertos; «no eran pacíficas, reivindicativas, para entregar un documento en una institución pública, sino violentas».
«Muchas veces quienes ahí participaron con armas convencionales o no, con bombas; que produjeron un lamentable saldo de muertos y heridos algunos por parte de agentes del Estado. Otros también en contra de funcionarios policiales y militares que fueron asesinados o heridos por estos manifestantes violentos», afirmó.
La violencia como medio de contención
Indicó que en ese contexto fue que el 22 de julio «grupos violentos asediaron la base área de la Carlota tratando de tomar la cerca perimetral y lanzando explosivos caseros y piedras a quienes custodiaban el recinto».
«En esa acción David Vallenilla fue atacado por el agresor con un arma de fuego a corta distancia lo que de manera inmediata le produjo la muerte; ya que varios disparos que fueron lanzados por este victimario le perforó el corazón, el hígado etc.», dijo.
En este sentido enfatizó la responsabilidad del sargento de la aviación Arli Méndez Terán, «al emplear armas de fuego de manera desproporcionada».
«No se puede responder a una piedra con balas. Y eso fue lo que ocurrió. Y cuando se dispara a próximo contacto así, obviamente el daño fue letal», afirmó.
Un grave error
El fiscal calificó de «grave error» que la jueza Kenia Carrillo; titular del Tribunal 15 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas; argumento para absolver a Méndez Terán que «no se estableció que fue él quien accionó el arma»; pese a que había sido» individualizado, imputado, privado de libertad y luego acusado, todo esto desde el mismo momento de los hechos».
«Un grave error. ¿Cómo va a decir la juez que no estaba identificado el matador? Es incongruente», cuestionó.
Asimismo, dijo que, en el juicio oral y público; el defensor de Méndez Terán sostuvo que el acusado actuó en defensa propia, pero «de manera excesiva». «Son palabras textuales. Por tanto, reconoció la acción del acusado», acotó.
Además, negó que el militar «se encuentre libre o fuera del país»; porque «apenas dimos a conocer nuestra intención de apelar la sentencia absolutoria, continuó privado de libertad».
El fiscal recordó que el sargento de la Aviación fue acusado por los delitos de: homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles; así como por el uso indebido de arma orgánica»; y que a la jueza Carrillo se le abrió una investigación penal, por «su impropia actuación en este caso de violación a los Derechos Humanos».
El caso de David Vallenilla está presentado ante la CPI
El caso de Vallenilla está incluido en el examen preliminar que adelanta desde el 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) referente a los supuestos crímenes de lesa humanidad que habría cometido el Estado desde 2017.
«Aquí funciona un sistema de justicia. Aquí no hace falta la actuación de una instancia internacional, extraterritorial, en este caso la CPI o cualquier otro órgano dependiente de un organismo multilateral, para que se desarrollen acciones judiciales en pro de los derechos humanos», enfatizó.
En este orden detalló que desde agosto del 2017 a la fecha se logró la imputación de 776 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles como presuntos responsables de vulneración a los Derechos Humanos y cómplices en esos delitos Además, fueron aprehendidos 555 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares, acusados 1.166 funcionarios y 142 civiles y sancionados mediante sentencia condenatoria 543 funcionarios de seguridad del Estado y 29 civiles.
Además, fueron aprehendidos 555 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares, acusados 1.166 funcionarios y 142 civiles y sancionados mediante sentencia condenatoria 543 funcionarios de seguridad del Estado y 29 civiles.