La propuesta elimina las penas de cárcel previstas en la legislación vigente, pero organizaciones de derechos humanos sostienen que mantiene mecanismos que podrían afectar la libertad de expresión.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión una reforma a la denominada Ley del Odio, una norma que desde su entrada en vigor en 2017 ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición.
El proyecto, impulsado por el oficialismo, plantea cambios importantes en la legislación actual, entre ellos la eliminación de las penas de prisión para quienes incurran en las conductas contempladas por la ley. Sin embargo, varios organismos advierten que la propuesta conserva herramientas que podrían seguir utilizándose para controlar la disidencia y limitar la libertad de expresión.
La reforma aún deberá someterse a consulta pública antes de regresar al Parlamento para una segunda discusión.
Adiós a las penas de cárcel.
Uno de los cambios más relevantes consiste en sustituir las condenas de entre 10 y 20 años de prisión por sanciones económicas y medidas administrativas.
La nueva propuesta establece multas, trabajos comunitarios y programas educativos para quienes sean sancionados por cometer infracciones contempladas en la ley. Además, especifica que estas faltas no podrán derivar en medidas privativas de libertad.
Según el oficialismo, esta modificación busca evitar interpretaciones que permitan el uso indebido de la norma.
Cambios para partidos políticos y medios.
La reforma también elimina la prohibición de registrar partidos políticos acusados de promover el odio o la intolerancia.
En su lugar, establece que las organizaciones políticas deberán orientar sus programas y actividades hacia la convivencia democrática, el respeto de los derechos humanos y el debate plural, bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En cuanto a los medios de comunicación, desaparecen las disposiciones que contemplaban el cierre de emisoras, la revocación de concesiones o el bloqueo de portales digitales. No obstante, la propuesta mantiene procedimientos administrativos para quienes incumplan las obligaciones establecidas por la ley.
Libertad de expresión y ejercicio periodístico.
El nuevo texto incorpora una aclaración que excluye de la categoría de «discurso de odio» a las opiniones políticas, la actividad periodística y el ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no exista una incitación directa a la violencia o a la comisión de delitos.
Este punto ha sido presentado por sus promotores como una garantía para proteger el debate público y la labor informativa.
La oposición pide derogar la norma.
Aunque reconoce algunos cambios, parte de la oposición considera que la reforma es insuficiente.
Durante el debate parlamentario, diputados opositores insistieron en que la legislación debería ser eliminada por completo debido a los cuestionamientos que ha generado durante los últimos años.
Según estos sectores, la norma ha sido utilizada para sancionar voces críticas y restringir libertades fundamentales.
Organizaciones mantienen sus reservas.
Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa reaccionaron con cautela ante la propuesta.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la organización Espacio Público consideran que el proyecto mantiene mecanismos que podrían facilitar la censura o el control de contenidos.
Entre sus principales preocupaciones figura la posibilidad de ordenar la eliminación de publicaciones y el hecho de que las sanciones administrativas quedarían en manos del Ejecutivo.
Además, sostienen que la reforma no contempla medidas de reparación para personas procesadas o afectadas por la aplicación de la ley durante los últimos años.
Una reforma impulsada en medio de cambios políticos.
La iniciativa surgió después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara revisar parcialmente la legislación para corregir lo que calificó como desviaciones en su aplicación.
Como parte de esa reforma, también se propone modificar el nombre de la norma. La actual Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia pasaría a llamarse Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia.
Mientras el proceso legislativo avanza, el debate continúa entre quienes consideran que los cambios representan una apertura y quienes sostienen que la ley debería ser eliminada por completo.