Un asesinato y un ataque con bomba.
La ciudad de Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela, volvió a ser escenario de violencia. El lunes fue asesinado el exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía, Miguel Castellanos, mientras se desplazaba en su camioneta. Al día siguiente, un paquete bomba explotó en las instalaciones de la DIAN, cerca de un puente binacional, dejando al menos siete heridos, entre ellos varios policías.
Reacciones oficiales.
La Defensoría del Pueblo pidió una investigación rigurosa para esclarecer el crimen y alertó sobre el deterioro de la seguridad en Norte de Santander. El presidente Abelardo de la Espriella prometió perseguir a los responsables “con toda la capacidad del Estado”. El ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró que no habrá tregua contra quienes atenten contra la vida de los colombianos.
Una región bajo presión.
Cúcuta y su área metropolitana enfrentan la presencia del ELN y del Clan del Golfo, además de bandas binacionales como el Tren de Aragua. La Defensoría advierte sobre un repertorio de violencia que incluye sicariato, extorsión, tráfico de armas, microtráfico y trata de personas.
La ciudad ha sido golpeada en los últimos años por atentados con carros bomba, ataques a helicópteros presidenciales y amenazas contra periodistas y líderes sociales. El Catatumbo, cercano a la frontera, concentra cultivos de coca y ha sufrido el desplazamiento de más de 100.000 personas desde 2025 por enfrentamientos entre grupos armados.
Un clamor ciudadano.
Vecinos de Cúcuta expresan miedo y desesperanza. “Nos da miedo salir a barrer las puertas de nuestra casa. Estamos encerrados. Ayúdennos”, relató una habitante en medios locales. La población exige mayor respaldo en inteligencia y seguridad para frenar una violencia que parece no tener fin.