La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtieron hoy de un «aumento» de leyes para reducir los «derechos a la libertad de expresión, de participación, de reunión pacífica» en naciones de la región.
Los hechos más recientes se han detectado en Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Venezuela donde la normatividad creada o en trámite pretende afectar «el libre funcionamiento de organizaciones de derechos humanos por la falta de criterios claros para la concesión, rechazo o revocación de su personalidad jurídica».
Además de «mayores restricciones para el registro, constitución, estatus, inscripción y su funcionamiento» de este tipo de organizaciones bajo argumentos como la «seguridad nacional»; la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y la discrecionalidad estatal.
Ambas instituciones coincidieron en que el «libre y pleno goce del derecho a la libertad de asociación incluye el deber estatal de crear las condiciones legales y efectivas para que las personas defensoras puedan ejercer libremente su labor»; según un comunicado divulgado hoy en Bogotá y otras capitales.
La limitación a la libertad de expresión y protesta
También llamaron la atención por los «ataques repetidos» contra defensores de derechos humanos, así como los discursos oficiales para deslegitimar o ponerlos en riesgo; seguido de demandas injustificadas para obstruir su labor.
Sumado a una «tendencia» a «limitar» las protestas sociales con leyes restrictivas que buscan «inhibir su labor critica o la participación en el espacio cívico»; además de la represión e intimidaciones contra los manifestantes y el uso de tecnologías de vigilancia con el objetivo de generar un estado de autocensura.
«La CIDH y ONU Derechos Humanos hacen un llamado a los Estados para asegurar que todo espacio cívico libre y plural sea fundamental para la vigencia efectiva de los principios democráticos; y por tanto, a remover cualquier obstáculo legal o de facto que impida el reconocimiento y el libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos»; reclamaron.
La exigencia de ambas instituciones se produce durante la conmemoración del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.