La extradición del empresario colombiano Alex Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro, se ha concretado.
La tarde del pasado sábado, medios de Cabo Verde, donde estaba detenido desde el 12 de junio de 2020, informaron que Saab había despegado en un avión estadounidense de la isla de Sal, donde gozaba desde enero una medida de prisión domiciliaria, rumbo a Florida, donde le espera un juicio por presunto lavado de dinero relacionado con el Gobierno de Venezuela.
El diario español El País, citando fuentes del despacho que defiende a Saab y que lidera el español Baltasar Garzón publicó que en la tarde del sábado que el acusado había sido “trasladado a EE UU sin notificación del Tribunal Constitucional a la defensa”. “Estamos evaluando este atropello al proceso legal y emitiremos un comunicado oficial en el menor tiempo posible”, añadieron en sus declaraciones.
Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado en el que denunció el “secuestro” de Saab “por parte del Gobierno de Estados Unidos en complicidad con las autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días, sin orden de captura ni debido proceso”, una información que atribuyeron a la familia del empresario.
Más tarde, en una rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado que la delegación del Gobierno venezolano que participa en el proceso de diálogo con la oposición en México suspendía su participación en las conversaciones, que debían retomarse este domingo. En el último encuentro entre la oposición y el chavismo, en el marco de esas negociaciones, el Gobierno había pedido la incorporación de Saab a la mesa y realizó una protesta en rechazo a su detención.
En los últimos meses, el chavismo ha emprendido una intensa campaña en defensa del empresario colombiano, que luego de su detención fue designado diplomático. Alex Saab operaba como enviado especial pero numerosas investigaciones periodística describen la extensa red de empresas fantasma con las que hacía negocios con Venezuela en áreas como alimentación, petróleo, carbón, construcción y minería. El colombiano que se convirtió en el proveedor principal de los CLAP, un programa de alimentos subsidiados creado por Maduro en 2015, con la llegada de las sanciones se convirtió en un importante operador financiero para Maduro y su Gobierno.