Luisa Ortega Díaz y Wilmer Azuaje denunciaron el asesinato de Oscar Pérez ante la CPI, presentando pruebas ante la instancia internacional.
Los exiliados Ortega Díaz, ex fiscal de la república y Wilmer Azuaje, diputado, se encargaron de presentar la denuncia de la llamada «masacre de El Junquito» ante la Corte Penal Internacional (CPI). Pérez, de 36 años, se convirtió en el «hombre más buscado» por las autoridades luego de rebelarse contra el Gobierno de Maduro el 27 de junio del 2017 junto a miembros del grupo de la Brigada de Acciones Especiales (BAE).
En relación a esta denuncia, Juan Guaidó afirmó que seguirá luchando para hacer justicia por los «mártires venezolanos» tras destacar que la violación a los derechos humanos son crímenes de lesa humanidad que «no prescriben».
Guaidó hizo la afirmación tras fijar posición sobre las imágenes difundidas por el diario español El Mundo que evidencian que el exagente Oscar Pérez, quien se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro en 2017, fue ejecutado durante un operativo a manos de organismos policiales y militares en Venezuela.
«Oscar Pérez y sus compañeros fueron ejecutados por la dictadura. Ante la Corte Penal Internacional se presentaron las pruebas», dijo el líder opositor. quien enfatizó que «estos delitos no prescriben».
«Seguiremos luchando para hacer justicia para nuestros mártires, su sacrificio no será en vano», afirmó.
Las gráficas difundidas por el rotativo confirmarían que también los 6 compañeros de Pérez fueron ejecutados en la población el Junquito, el 15 de enero del 2018, tras ser sitiado por las fuerzas de seguridad, pese a que en numerosos vídeos que divulgó por las redes sociales expresó su clara disposición a entregarse para evitar muertes.
En las imágenes se observa que el policía recibió disparos en el cuello y la cabeza. Asimismo, quienes lo acompañaban presentaron heridas en la cabeza, la espalda y el pecho.
El también piloto hurtó un helicóptero con el cual sobrevoló y lanzó granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia y disparó contra el ministerio de Interior y Justicia en Caracas, sin causar víctimas.
Asimismo, posteriormente en diciembre, asaltó y robó armas al comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Miranda, vecino a Caracas.
Su asesinato generó consternación y rechazo en la opinión pública y fue denunciada por miembros de la Comisión especial del Parlamento que tras investigar el caso determinó que hubo «un patrón de ajusticiamiento» contra Pérez y sus hombres en la llamada operación «Gedeón», que coordinó el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.