En un artículo de opinión publicado por los ambientalistas Francisco Dallmeier y Cristina V. Burelli en el diario The Washington Post, aseguran que el acaparamiento ilegal de tierras, la deforestación y una fiebre del oro en las áreas protegidas de la selva tropical han creado una tormenta perfecta que combina la degradación ambiental con una crisis humanitaria.
Sostienen que «el desmantelamiento de las instituciones ambientales de Venezuela y el colapso de su sector petrolero han generado una reacción en cadena de extracción insostenible de recursos naturales».
«El «ecosocialismo» reemplazó a las instituciones en funcionamiento, provocando una avalancha de desastres ecológicos que se burlaron de los compromisos de Venezuela bajo el acuerdo de París», indican Dallmeier y Burelli en su escrito.
Así mismo, grupos ambientalistas y de derechos humanos venezolanos han alzado sus voces ante esta degradación ambiental, pero nadie parece estar prestando atención.
Organizaciones ambientales internacionales, amenazadas e incapaces de operar, huyeron de Venezuela. Se espera un liderazgo más fuerte de la UNESCO dada la evidencia de que el Parque Nacional Canaima está sitiado por la minería ilegal.
Cabe recordar que el 8 de abril de 2020, el Gobierno venezolano según Gaceta Oficial N° 6.526, declaró seis ríos del estado Bolívar (sur) aptos para la explotación de oro y diamante dentro del proyecto del Arco Minero, que se ha traducido además ecocidio desde 2016 cuando se aprobó desde Miraflores la actividad minera, denunciada por los pobladores, por organizaciones ambientalistas y rechazada por la Asamblea Nacional.