Al menos unas 186 violaciones, actos de persecución y criminalización fueron ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro contra dirigentes políticos y sus familiares, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y la población, durante el mes de julio en todo el país, según datos de una ONG.
La organización Centro de Justicia y Paz (Cepaz) lo informó en su informe más reciente, en el que denunció que la población «continúa siendo víctima de la violación de sus derechos por motivos políticos para intimidar y silenciar las exigencias de derechos y garantías».
«Registramos en el monitoreo al menos 56 actos contra la población, particularmente 7 detenciones arbitrarias. En la mayoría de los casos son familiares de personeros políticos o activistas de derechos humanos, a quienes hemos identificado como población por no estar involucrados en la política o en el activismo ciudadano», precisó el reporte.
Asimismo, destacó que se registraron también tres actos de violencia y hostigamiento, «uno contra quien conducía el vehículo en donde se trasladaba el presidente interino Juan Guaidó cuando fue atacado, y dos contra familiares de un líder político».
«Así como 46 despidos injustificados contra médicos que ejercían el derecho a la manifestación pacífica», acotó.
Además, advirtió que «registramos un aumento de la política de criminalización del gobierno de Maduro que se extendió incluso al sector salud».
«Patrones como las detenciones arbitrarias, amenazas y el despido injustificado han sido aplicados contra estos profesionales. Aunque sus exigencias se encuentran basadas en la necesidad de mejoras urgentes en el sistema de salud para enfrentar la pandemia», puntualizó el informe.
En este sentido citó el caso de la enfermera Ada Macuare quien fue detenida arbitrariamente y acusada de instigación al odio y terrorismo por exigir suministros médicos, medicinas y equipos de bioseguridad.
«Los trabajadores de la salud del Hospital Universitario de Caracas han manifestado con diversas protestas su descontento ante la crítica situación de los hospitales. Como consecuencia de ello resultaron despedidos al menos 46 trabajadores», detalló.
Además, sostuvo que en este contexto de criminalización y persecución a quienes protestan también fue víctima Francisco Reyna, coordinador de la ONG, Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), quien fue «amedrentado y hostigado» por «miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando exigía la liberación de Javier Tarazona presidente de la ONG FundaRedes».
«Esta forma de criminalización a la protesta y de generar miedo se extiende día a día en el país. No solo a los médicos y activistas, sino también a la población en general al manifestar por las precarias condiciones de vida», afirmó.
El informe indicó que también, se documentaron 112 ataques contra dirigentes políticos, 3 detenciones arbitrarias y 109 actos de amenazas, hostigamiento y estigmatización.
«Lo cual incluye la vinculación de líderes opositores con bandas armadas y señalamientos a los diputados electos en el año 2015 de cometer actos contra la República», agregó Además, sostuvo que los actos de persecución y criminalización se extendieron contra los familiares de los líderes políticos y de los defensores de derechos humanos.
«La familia es perseguida y criminalizada como una forma de intimidar, amenazar y disuadir a quienes ejercen el liderazgo político opositor o a quienes exigen y defienden los derechos de la ciudadanía», fustigó.
El informe también documentó los 12 ataques contra periodista ocurridos en julio, incluyendo 3 actos de amenazas, estigmatizaciones y hostigamiento.
Así como, 2 detenciones arbitrarias, 6 emisoras de radio que salieron del aire momentáneamente debido a los constantes cortes eléctricos en el estado Cojedes, y el hecho de que un periodista fue obligado a borrar el material que había recogido en su equipo de trabajo.
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