24 venezolanos siguen detenidos en Trinidad y Tobago, la denuncia hecha a través de sus familiares, llego a La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Esta agencia señaló públicamente a través de un comunicado que el gobierno de Trinidad y Tobago de viola el Derecho Internacional de Refugiados al deportar a 82 venezolanos el sábado pasado.
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“ACNUR lamenta profundamente la deportación este fin de semana por Trinidad y Tobago de 82 ciudadanos venezolanos. Entre estas 82 personas había solicitantes de la condición de refugiado registrados y personas que habían manifestado su intención de solicitarla, lo que convierte su retorno a Venezuela en un incumplimiento del Derecho Internacional de Refugiados”, dice su comunicado.
La ONG Foro Penal dijo que las autoridades mantienen detenidos a 24 venezolanos en un centro de Inmigración.
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Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG publicó en su cuenta twitter @alfredoromero: “Nos denuncian familiares y ONG q luego de la deportación de 82 el sábado pasado, a esta hora Veinticuatro (24) venezolanos se mantienen detenidos en el Centro de Detención de Inmigración en Trinidad y Tobago”.
Entre los deportados el pasado sábado, aproximadamente 40 venezolanos habían solicitado asilo y estatus de refugiados, la documentación que tenían presuntamente fue desconocida por funcionarios trinitarios de Inmigración, informó el periódico Guardian de Trinidad y Tobago.
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Los venezolanos fueron transportados por un avión militar, vuelo FAV2410, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, informó The Guardian.
Estos ciudadanos venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago, fueron deportados a pesar de la solicitud de ACNUR de tener acceso a las personas afectadas y a varias peticiones por escrito.
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La ACNUR apeló a Trinidad y Tobago para que cumpla con sus obligaciones como signatario de la Convención sobre Refugiados de 1951, así como instrumentos internacionales incorporados a su política oficial sobre refugiados, en particular con el principio de «non-refoulement» (no devolución) y el artículo 31 de la Convención, que compromete a sus signatarios “la no imposición de penalizaciones por su entrada o presencia ilegal” a quienes se encuentran en necesidad de protección internacional.
«ACNUR continuará colaborando estrechamente con el Gobierno de Trinidad y Tobago para complementar sus esfuerzos en materia de desarrollo, refuerzo e impulso de su política de asilo y refugio, así como para apoyar a las comunidades de acogida, en tanto que se proporciona consejo y asistencia a las personas con necesidad de protección internacional», comenta Alfredo Romero.
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