El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció hoy la detención de la periodista venezolana Luisa Mimí Arriaga por parte de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas.
A través de la red social Twitter la organización gremial dijo que Arriaga fue arrestada la noche del jueves y su vivienda, ubicada en El Hatillo, en el estado Miranda, vecino a Caracas, fue allanada por los funcionarios de la policía científica.
«La detención ocurre días después de que en una cuenta anónima se le responsabilizara de publicaciones en otra cuenta anónima en redes sociales», afirmó.
Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas exigió la liberación de la periodista «porque no ha cometido ningún delito».
«Esto sería una agresión más que se registra en Venezuela contra un periodista», acotó.
Igualmente, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) solicitó que Arriaga sea liberada tras precisar que «fue detenida por una comisión de delitos informáticos del CICPC aproximadamente a las 10pm de este 18 de junio».
«IPYSVe exige la inmediata liberación de la periodista Luisa Mimí Arriaga. El Estado es responsable de todo lo que le pueda ocurrir a Arriaga», sentenció.
La detención de la comunicadora social se convirtió en tendencia en la red social Twitter, y a través de la etiqueta #LiberenAMimi, los usuarios rechazaron el arresto de la periodista.
«La periodista Mimí Arriaga detenida arbitrariamente en el CICPC, desde ayer. La libertad de expresión y a estar informados son derechos Universales #LiberenAMimi», exigió la diputada Olivia Lozano, vicepresidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.
El pasado 4 de junio, la periodista Carol Romero fue excarcelada luego de estar por más de 24 horas detenida por grabar una protesta que se generó por la venta de gasolina entre los usuarios y los militares que custodiaban la estación de servicios en El Junquito en Caracas.
De acuerdo con ONG locales, al menos una veintena de periodistas han sido detenidos o intimidados por los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, por tratar de informar las protestas sociales que ocurren por la escasez de gasolina, agua potable, gas doméstico o fallas en el servicio eléctrico en plena cuarentena por el Covid-19 que ha dejado hasta ahora 3.432 casos positivos y 28 fallecidos, según cifras oficiales.
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