Un cierre polémico.
El anuncio de Delcy Rodríguez sobre el final de la ley de amnistía ha generado un clima de decepción en Venezuela. Tras dos meses de aplicación, la medida benefició a miles de personas con restricciones judiciales, pero apenas unos cientos salieron de prisión. Para las organizaciones de derechos humanos, el balance es insuficiente y deja abierta una herida que sigue afectando a centenares de familias.
Cifras que no coinciden.
El chavismo asegura que 8.616 personas se beneficiaron de la amnistía, aunque solo 314 fueron liberadas de cárceles, una cifra que ONG como Foro Penal reducen a poco más de un centenar. Según distintas organizaciones, aún permanecen presos entre 473 y 676 opositores, incluidos militares y extranjeros.
Exclusiones clave.
Los casos vinculados a rebeliones militares y conspiraciones recientes quedaron fuera del beneficio. Entre ellos, los implicados en la Operación Libertad de 2019, la Operación Gedeón de 2020 y el atentado con drones contra Maduro en 2018. También se excluyó a civiles acusados de conspiración o asociación para delinquir, lo que refuerza la percepción de selectividad en la aplicación de la norma.
Reacciones y críticas.
Familiares de presos denuncian que la medida fue arbitraria y que muchos siguen bajo procesos judiciales restrictivos. Organizaciones como Provea y Encuentro y Perdón señalan que la ley fue “excluyente” y que el gobierno mantiene a los detenidos como rehenes políticos. El periodista Carlos Julio Rojas habló de una “selectividad perversa” y de nuevas detenciones en paralelo al proceso.
Un panorama incierto.
Aunque el chavismo promete revisar casos pendientes mediante la Comisión de Diálogo por la Paz, la oposición y la sociedad civil perciben el final de la amnistía como un fracaso. La apertura política iniciada tras la captura de Maduro se enfrenta ahora a un límite claro: la represión selectiva sigue presente y la incertidumbre domina el futuro inmediato.