Elvis Amoroso anunció que mas de 140 mil funcionarios de alto nivel y de confianza del Estado venezolano están obligados a presentar la actualización de su Declaración Jurada de Patrimonio a partir de este viernes y hasta el 31 de este mes.
Elvis Amoroso, contralor General, y presidente del Poder Moral Republicano, lo informó tras precisar que se trata de «un mecanismo que tiene el Estado que ha servido de ejemplo a otros países para que los funcionarios presenten sus cuentas claras a fin de evitar cualquier desvío y puedan caer en hechos de corrupción».
«A partir de hoy hasta el 31 de este mes estamos obligados todos a declarar. Los altos funcionaros de la administración pública tanto nacional, estatal y municipal», afirmó en rueda de prensa desde la sede de la Contraloría General en Caracas.
Además, dijo que igualmente deben cumplir con la Declaración, los altos funcionaros de las instituciones que se conocen con entes descentralizados, como Petróleos de Venezuela (PDVSA) Pequiven, y «otras que tiene el Estado venezolano y que están obligados a declarar de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley contra la Corrupción«.
«Están obligados a presentar sus activos, sus inversiones, sus bienes y sus deudas adquiridas durante su gestión y cuando cesan en sus funciones también tienen que hacer una declaración para ver que han obtenido en el transcurso de su vida pública», expresó.
Amoroso destacó que «son 146.384 altos funcionarios que estamos obligados a cumplir con nuestra querida patria Venezuela», y resaltó que no «tienen que temer absolutamente nada». «El que puede tener nervios es porque ha cometido algún hecho irregular», opinó.
Resaltó que, hasta el momento, el presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores «dando el ejemplo» ya hicieron la declaración, al igual que Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de la República y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista.
El contralor Elvis Amoroso alertó que la Ley contempla una serie de sanciones para quien no realice la declaración, «entre las que se contempla, con la nueva modificación y las nuevas leyes, multas de hasta 1.000 unidades al tipo de cambio de la moneda de mayor valor en la República que podría ser el Petro, Euros. Dólares o Bolívares».
Asimismo, dijo que entre las sanciones está la inhabilitación que le impide al funcionario, la persona o el profesional ejercer cargos públicos, y «si aspira a ser candidato en cualquier elección de presidente, gobernador, alcalde, concejal, sindicato, estará inhabilitado durante 12 meses y en ese lapso se abrirá una investigación que puede arrojar una inhabilitación por 14 o 15 años».
«Evitemos eso. El que no declare no es que va a decir que es responsabilidad o es una retaliación política», advirtió.
En este sentido recordó que también los funcionarios que están cumpliendo servicio externo, funciones en empresas venezolanas que estén fuera del país, «como es caso de nuestra de petroquímica (Monómeros) en Colombia que nos robaron, esos funcionarios tienen que hacer la declaración Jurada de Patrimonio».
«No los que se robaron la empresa porque todos están sancionados porque robaron a todos los venezolanos», afirmó La Contraloría General inhabilitó el año pasado, al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por varios países, y a otros 27 diputados de la Asamblea Nacional del 2015 para ejercer cargos públicos hasta por un período de 15 años por la presunción de negarse a realizar la declaración de patrimonio en el período 2015 a 2020.
Asimismo, en los últimos años, también inhabilitó para ejercer cargos públicos a Henrique Capriles, excandidato presidencial y Leopoldo López, (en España), quienes afirmaron en su oportunidad no haber cometido acto ilícito, y destacaron que la medida solo buscó marginarlos de los procesos electorales venezolanos.