La Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) ha denunciado que la retención de uno de sus aviones ha causado “pérdidas materiales causadas por daños al patrimonio público venezolano” y ha violado los derechos humanos.
La empresa ha afirmado que cumplió con todos los permisos legales y el respectivo plan de vuelo, y que se demostró la pertenencia legal del avión. Además, Emtrasur ha solicitado a las autoridades aeronáuticas internacionales que no otorguen autorización de sobrevuelo ni escala técnica, “debido a que serían partícipes del robo de este bien legítimo de esta empresa de transporte de carga aérea venezolana”.
La retención del avión iraní-venezolano ha sido objeto de controversia, ya que la justicia argentina decidió otorgar a Estados Unidos este equipo de transporte, implicado en investigaciones de supuestos actos terroristas. Emtrasur ha expresado su rechazo y condena a la decisión arbitraria del Juzgado Federal Lomas de Zamora, por el Juez Federico Villena.
La empresa ha declarado que se reserva el ejercicio de las acciones judiciales por daños al patrimonio de la empresa, violación de derechos humanos y del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 1. La retención del avión ha provocado una violación de los derechos humanos y ha causado daños al patrimonio público venezolano.
Que pasó con el avion
Se trata de una aeronave de la empresa estatal venezolana Emtrasur que fue retenida en Argentina por una orden judicial que la entregó a Estados Unidos, bajo sospechas de estar involucrada en actividades de espionaje y terrorismo.
La empresa emitió un comunicado en el que rechazó y condenó la decisión judicial, alegando que cumplió con todos los permisos legales y el plan de vuelo, y que demostró la propiedad legal del avión. Además, denunció violaciones de derechos humanos, daños al patrimonio público venezolano y al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
La empresa pidió a las autoridades aeronáuticas internacionales que no otorgaran autorización de sobrevuelo ni escala técnica al avión, ya que consideró que sería un robo de un bien legítimo de Venezuela. También se reservó el derecho de ejercer acciones judiciales por los daños causados.