El fiscal General del gobierno bolivariano, Tarek William Saab se jacta de una gestión que apunta a más de imputaciones por casos de corrupción.
Esta cifra fue ofrecida a la prensa nacional, se trata de 10.299 casos que han sido procesados por el poder judicial, estadísticas que se quedan cortas para la impunidad reinante entre los «servidores públicos» en Venezuela.
“En estos 3 años ingresaron 1.203.255 casos y han egresado 769.747. Se realizaron 2.337.321 actuaciones, se presentaron 527.231 actos conclusivos y 158.426 acusaciones; además de obtenerse condenas contra 56.735 personas”, indicó Saab al ofrecer un balance al cumplirse 3 años de su designación al frente del Ministerio Público.
En sus declaraciones, explicó que se han ido alcanzando logros poco a poco, en procura de la justicia y una cultura de paz en Venezuela lo que ha caracterizado a la gestión del MP en la lucha contra la corrupción en todas su formas, tanto en lo interno como en lo externo.
“En estos 3 años hemos investigado a más de 200 funcionarios del Ministerio Público, de los cuales 173 están judicializados por actuaciones irregulares y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Estas cifras no tienen referentes en el pasado”, añadió.
Los casos que importan
La incredulidad ante tales afirmaciones, en un país en el que acceder cualquier trámite legal se debe pasar por el filtro de los «palanqueados o enchufados». ejemplo de ello es la tramitación del pasaporte, la apostilla de documentos, la certificación de vacunaciones, el ingreso al país por los caminos verdes, con la anuencia de la guardia nacional bolivariana, o más recientemente, el llenado de un tanque de gasolina.
No se requiere de una investigación exhaustiva para saber que la corrupción campea en el país, pero, en verdad está tan enquistada que se volvió parte de la cultura nacional.
La pregunta obligada es ¿quién conoce a quien? y cómo esa conexión puede facilitar las cosas.
Hospitales, centros educativos de todo nivel y casi cualquier oficina de las entidades públicas están devastadas por el latrocinio u la negligencia, sólo basta visitar alguna dependencia gubernamental o de servicio público para observarlo a simple vista.
Y entonces, ¿quienes son estos funcionarios que han sido detenidos?, ¿qué tan alto en la cadena de corrupción están?. ¿A cuánto dinero asciende el agravio a la nación?, ¿dónde están los resultados de los grandes casos, como por ejemplo los de PDVSA?.
Recientemente se emitió una solicitud formal a Italia para la extradición de Rafael Ramírez, para enfrentar cargos de malversación de y traición a la patria.
Este es un proceso que data de 2018, cuando el TSJ designado por el gobierno bolivariano aprobara el procedimiento tanto para el presidente de PDVSA como para la ex fiscal general Luisa Ortega.
Ambos ex funcionarios de altísimo rango, fueron fervientes servidores del proceso revolucionario, hasta que «sus conciencias» los llevaran a dar la espalda a sus camaradas, tornándose en «traidores a la patria» y exponiendo los trapos sucios, en la gestión de la que ellos también fueron partícipes.
Caiga quien caiga
Dentro de este marasmo de casos de corrupción han caído bajo el dedo acusador varios ex funcionarios, pero las pruebas de sus supuestos actos ilícitos no han sido demostradas, como es el caso del empresario Eudomario Carruyo, retirado del servicio a la nación tras más de 40 años de trabajo en la industria petrolera, a quien han convertido en un chivo expiatorio, detrimentando su reputación en el proceso.
Otro caso resaltante es el de Alex Saab, señalado como un testaferro de Nicolás Maduro y presunto cómplice de una red de corrupción asociadas al programa CLAP.
El gobierno bolivariano ha tomado la bandera de su defensa, como una afrenta a su gestión, escudándose en la «persecución de la ultraderecha norteamericana» y el bloqueo que ha detrimentado al país, en su concepto.
En el caso de Saab, siempre es bueno contar con el respaldo de los amigos, ya que el empresario colombiano, luego de ser relacionado con un entramado de lavado de dólares, con fondos relacionados al CLAP, fue sancionado por los estados unidos y los miembros del TIAR, poniéndolo en el fuego cruzado de la guerra contra Maduro.
Mientras la fiscalía del gobierno bolivariano se ufana de atacar la corrupción, se evidencia que atacan a aquellos que les conviene, sin reparar en lo minado de su sistema, que, más allá de cualquier bloqueo internacional, representa la destrucción de un país y la verdadera causa de su debacle.