El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, de línea oficialista, ratificó este viernes las Inhabilitaciones políticas por 15 años de la dirigente opositora María Corina Machado, quien había ganado las primarias de la oposición para las elecciones presidenciales de este año y Henrique Capriles, que fue candidato presidencial en 2012 y 2013.
Según el TSJ, ambos dirigentes están involucrados en la “trama de corrupción” del exdiputado Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela en 2019 con el apoyo de más de 60 países, incluido Estados Unidos, que impusieron sanciones al gobierno de Nicolás Maduro.
El TSJ argumentó que Machado y Capriles solicitaron la aplicación de sanciones y bloqueo económico contra Venezuela, lo que generó daños en la salud y el bienestar del pueblo venezolano. Además, acusó a Machado de usurpar funciones diplomáticas al asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2015, donde denunció supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría General de la República, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.
Proceso de impugnación
Sin embargo, el TSJ creó un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones para quienes “aspiran a postularse” a las presidenciales de 2024, bajo presión de Estados Unidos y en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega.
Las reacciones de los opositores no se hicieron esperar. Machado calificó la decisión del TSJ como “una burla” y “una farsa”, y aseguró que no se rendirá ante la “dictadura”. “No me van a callar, no me van a detener, no me van a doblegar”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.
Capriles, por su parte, dijo que la inhabilitación es “una violación flagrante” de sus derechos políticos y que no reconoce la autoridad del TSJ. “No me van a sacar del juego político con una sentencia ilegal e inconstitucional”, afirmó en un comunicado.
Ambos dirigentes anunciaron que acudirán a instancias internacionales para denunciar la arbitrariedad del régimen de Maduro y exigir el respeto a la voluntad popular.
Mientras tanto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, busca posiblemente su reelección este año, con el camino despejado de sus principales adversarios y con el respaldo de la mayoría de las instituciones del Estado.