El gobierno de Nicolás Maduro anunció que abrirá investigaciones sobre las muertes ocurridas en los recientes ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe. La Asamblea Nacional prepara una comisión especial para apoyar al Ministerio Público en la denuncia de lo que califican como “ejecuciones extrajudiciales”.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, se reunió con familiares de víctimas y aseguró que sus identidades se mantienen en reserva por amenazas recibidas. Según el chavismo, los ataques vulneran la Carta de Naciones Unidas y las leyes internacionales de navegación.
La versión oficial y las críticas.
El fiscal general Tarek William Saab afirmó que las embarcaciones no transportaban drogas, como sostiene Washington, sino “peces y bolsas”. Señaló que el uso de fuerza letal contra buques civiles en aguas internacionales está prohibido salvo defensa propia o autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
Desde septiembre, Estados Unidos ha difundido imágenes de embarcaciones destruidas, alegando que pertenecían a grupos criminales como el Tren de Aragua. Más de 20 lanchas han sido atacadas y al menos 80 tripulantes han muerto. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que muchos de los fallecidos eran pescadores o trabajadores que buscaban ingresos rápidos, no líderes de carteles.
Reacciones internacionales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respaldó las denuncias de Caracas y calificó los operativos como “ejecuciones extrajudiciales”, postura compartida por la ONU. Petro también cuestionó el anuncio de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano, señalando que carece de fundamento en el derecho internacional.
Venezuela ha denunciado ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la “violación de su soberanía” y envió una carta a la OPEP y OPEP+ acusando a Washington de intentar apropiarse de sus recursos petroleros mediante la fuerza militar.
La batalla en la Corte Penal Internacional
El chavismo también evalúa retirarse de la Corte Penal Internacional, a la que acusa de “silencio” frente a los ataques en el Caribe. La CPI mantiene abierta una investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad desde 2014, incluyendo persecución política, detenciones arbitrarias y torturas.