Altos personeros prófugos de la justicia venezolana viven una vida de lujos, lejos del alcance de la ley,
Personajes como Rafael Ramírez de han beneficiado de la La lenta justicia Venezolana.
Recientemente, un informe del Comisario de Pdvsa 2018 dió a conocer que Ramírez » autorizó negociaciones confidenciales e irregulares con compañías escogidas preferencialmente, que generaron significativas fortunas para operadores que actuaban en base al diferencial cambiario entre la tasa del mercado paralelo y la establecida por la directiva de la industria»
El que fué entre 2002 y 2013 ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela durante 2004 y 2013, cayó en desgracia ante el régimen de Nicolás Maduro en cuanto comenzó a criticar al gobierno bolivariano.
Recientemente declaró a Reuters que PDVSA está “desmantelada y entregada a las transnacionales”.
“PDVSA no produce más (…) Anda firmando contratos para que otros produzcan en una privatización de facto”, indicó, al tiempo que nombró a Rosneft y CNPC entre las empresas extranjeras que están ayudando a la estatal a mantenerse a flote mediante la operación de campos conjuntos, la inyección de capital o la compra de mayores participaciones en algunas empresas mixtas.
Todas estas afirmaciones, que dibujan con mala luz a la actual gerencia y aún más al gobierno bolivariano han sido el gatillo para una persecusión en su contra.
De ser verdaderas las acusaciones en su contra, la justicia venezolana ha hecho poco o nada para hacerle responder por los cargos, mucho menos repatriar aquellos capitales que debió sustraer.
De igual manera, en el transcurso de sus años en ejercicio, nunca hubo una fiscalización de su trabajo. Es decir sus presuntas acciones en desmedro de la nacional petrolera y del país pudieron ser evitadas, pero el juego político parece haber privado sobre el debido proceso de gerencia.
Verdades, mentiras y ninguna conclusión
Según la investigación, «la imputación está referida al otorgamiento discrecional de divisas en contravención de leyes y reglamentos y en franca colusión entre personal autorizado de la estatal venezolana que actuaba en complicidad con un grupo de jóvenes empresarios, contando con la asesoría de un operador financiero, quienes ejecutaron cuestionables contratos confidenciales con compañías escogidas preferencialmente, sin pasar por subastas públicas, que generaron significativas fortunas para sus operadores, en base al diferencial cambiario existente entre la tasa oficial que prevalecía al momento, esto es el denominado mercado negro y la establecida por la directiva de Petróleos de Venezuela».
Es ahora, casi una década después que el caso ha sido proseguido de manera legal, mientras el desplome del país ha afectado la calidad de vida de millones de venezolanos.
Así actúa la ley en Venezuela, donde se «comprueba» a conveniencia la culpabilidad de aquellos señalados que se convierten en una piedra en en zapato dentro de la clase política nacional.
Un caso similar a este se ha dado con Eudomario Carruyo, una de las muchas víctimas de la purga de PDVSA, sobre quien pesa el estigma con el que han marcado a los boliburgueses, sin haber participado en las conspiraciones y fechorías que les imputan.
Al empresario retirado del servicio a la nación tras más de 40 años de trabajo le han convertido en un chivo expiatorio, para que otros nombres queden ocultos de la opinión pública.
Este lento proceso de la justicia venezolana no aporta a nadie ningún beneficio, pues la verdad no es lo que brilla a su paso, sino una pantalla de confusión e inconcreción.
Así las cosas, ni los culpables pagan, ni los inocentes limpian sus nombres y los venezolanos seguimos sin respuestas.