Recientemente el Banco de inglaterra dio una respuesta a la solicitud de retiro de los fondos en oro depositados por Venezuela en sus arcas. La politización de la ley, se hace evidente para esconder diversos intereses.
Esta práctica no se aprecia únicamente en este caso, en Venezuela también se presentan casos donde la política es el principal motor tanto para visualizar o pasar veredictos, a favor de los intereses del más poderoso.
Para la prueba, un botón, la cantidad de escándalos asociados a PDVSA que se encuentran en proceso, sin ningún tipo de conclusión legal o sentencia definitiva.
En el vaivén de las lealtades, lo importante es no perder de vista a quien ejerce el poder mayor, para entonces saber que tipo de sentencia será dictaminada o engavetada.
Así se aprecia en casos de personajes como Rafael Ramírez, un antiguo aliado del régimen Chavista, que al distanciarse del proceso bolivariano, se volvió el objeto de una fuerte persecución por parte de la Fiscalía General asignada por la Asamblea Nacional Constituyente.
La politización de este tipo casos ha hecho un gran daño, no sólo al país, sino a personas que se han convertido en daños colaterales de una guerra de poder que no aporta ningún beneficio al país.
Un ejemplo de este tipo de casos, es el del empresario Eudomario Carruyo, retirado del servicio a la nación tras más de 40 años de trabajo en la industria petrolera, a quien han convertido en un chivo expiatorio, detrimentando su reputación en el proceso.
Ya vemos que esta sigue siendo una estrategia de larga data y muy frecuentemente utilizada, que ya vemos, no es de marca venezolana, sino de las politiquerías internacionales.