Denuncia de la oposición.
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció este miércoles la existencia de amenazas directas contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda. Según afirmó, funcionarios de cuerpos represivos estarían detrás de estas intimidaciones, que calificó como crímenes de lesa humanidad y violaciones graves al derecho internacional.
Exigencia de acción internacional.
Machado pidió la intervención inmediata de organismos internacionales de derechos humanos para prevenir posibles ejecuciones extrajudiciales. También instó a gobiernos democráticos a ejercer presión diplomática y activar mecanismos de monitoreo que garanticen la vida e integridad de los detenidos. “Hay vidas en riesgo hoy”, advirtió en su mensaje.
Testimonios y contexto.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que custodios de El Rodeo I habrían amenazado con usar a los presos como “escudos humanos” en caso de una intervención militar de Estados Unidos. La organización subrayó que el uso sistemático del miedo y la intimidación incrementa el riesgo para la salud física y mental de los reclusos.
Tensión creciente.
Las denuncias se producen en medio de un clima de alta tensión. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó un despliegue militar en el Caribe y el Pacífico Oriental, con operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Caracas interpreta estas acciones como una amenaza de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen.
La Casa Blanca acusa a Maduro de financiar redes criminales, mientras el gobierno venezolano refuerza su presencia territorial y aprueba leyes que endurecen las penas contra quienes apoyen sanciones o bloqueos internacionales.
Medidas legales recientes.
El Parlamento, dominado por el PSUV, aprobó una ley que contempla hasta 20 años de cárcel para quienes respalden bloqueos energéticos o la incautación de buques venezolanos. Además, Venezuela anunció su salida del Estatuto de Roma, lo que la deja fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.