El gobierno norteamericano ha establecido más complicaciones para la obtención de la visa para el ingreso y permanencia en su país.
El año pasado la administración del Presidente Trump anunció la publicación de una nueva medida, para asegurar que aquellos que buscan entrar y permanecer en los Estados Unidos, ya sea temporal o permanentemente, puedan mantenerse financieramente y no tengan que depender de los programas públicos, en cualquier momento.
El 14 de agosto del 2019, fue expedida oficialmente, la Ley de Inadmisibilidad por Carga Pública (en inglés: “Final Rule on Public Charge Ground of Inadmissibility”), la cual determina si alguien que ha solicitado su admisión o ajuste de estatus es considerado una carga pública y por lo tanto sujeto a ser inadmisible.
La medida fue prohibida por varias cortes federales. Sin embargo, el pasado 27 de enero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos suspendió la prohibición, permitiendo que el Departamento de Seguridad Nacional (en inglés: Department of Homeland Security y conocido por sus siglas DHS) implementara la medida en todas partes, excepto en el Estado de Illinois, donde sigue prohibida. Esta disposición no es retroactiva y solo afectará las aplicaciones sometidas después del día 24 de febrero del presente año.
El plan de la administración está basado en la ley de más de 100 años de «carga pública», y que fuera redefinida en el año 1999, fijando que, “una persona que es muy probable que se vuelva «dependiente primordialmente» de los servicios gubernamentales no puede convertirse en un residente legal permanente.
Tal como lo define la ley, carga pública significa: un extranjero quien recibe uno o más beneficios públicos… por más de 12 meses en conjunto dentro de cualquier periodo de 36 meses. Si un solicitante ha recibido beneficios públicos como indica la ley, por definición, ese solicitante se convierte en carga pública.
La asesora en asuntos de inmigración, abogada Lorraine E. Pérez explica que a partir de febrero 24, 2020, los solicitantes que deseen ajustar su estatus migratorio en los Estados Unidos estarán sujetos a la nueva medida de inadmisibilidad por carga pública y se les requerirá además de otros documentos, someter un nuevo formulario: el I-944 Declaración de Autosuficiencia.
Indica además que la planilla está diseñada con el propósito de que la información suministrada permita confirmar que tan financieramente autosuficiente es el solicitante de la visa. Detalles sobre deudas y pasivos, reporte y puntaje de crédito, bancarrota, así como, información de certificaciones o cursos de inglés cursados, es algo de los tantos datos que estarán recolectando. Dicho formulario, solo aplica para los solicitantes de ajuste de estatus y no a los solicitantes de visas de inmigrantes y casos de procesamiento consular.
«Los solicitantes no estarán obligados a reportar aplicaciones, certificaciones o aprobaciones para recibir ciertos beneficios públicos de carácter no efectivo (como cupones para asistencia alimentaria, suplementaria, de seguridad social o para la vivienda), antes de febrero 24, 2020», explica.
Esta nueva disposición aplica tanto a extranjeros que deseen ajustar su estatus y convertirse en residente legales de los Estados Unidos, como a los portadores de la visa que buscan extender su estadía o cambiar su estatus.
Esta es una medida consistente con el esquema de restricción migratoria, que se ha recrudecido desde el inicio de la administración Trump.