El Ministerio Público del gobierno bolivariano abrió una investigación penal contra Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional del 2015 por el «secuestro» de recursos de Venezuela.
«Hemos abierto una investigación penal con motivo del secuestro de estos recursos del Estado, que podrían ser destinados, entre otros fines; a la atención de la pandemia de Covid-19 y la compra de vacunas contra este virus», dijo Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Constituyente comunal.
Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, el fiscal precisó que «el secuestro de activos es por un monto de 7 mil millones de dólares que son del pueblo, del Estado».
«Se los han robado bajo excusas bastardas el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos asociados a estas acciones criminales que han sido condenadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», aseveró.
Indicó que «la principal responsabilidad de este secuestro que impone el gobierno de Estados Unidos para hacer uso de estos recursos recae en quienes han construido la ficción criminal de un gobierno interino».
El nuevo procedimiento se abre a horas de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva pidió al Ministerio Público iniciar una investigación para responsabilizar a Guaidó por «atentar» contra la salud y la vida de los venezolanos en plena pandemia.
«Esperamos máxima celeridad en la investigación del Ministerio Público para determinar las responsabilidades que las hay frente a esta banda criminal», exigió Rodríguez en la víspera.
El fiscal detalló que contra Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, y sus «secuaces», se han abierto 25 causas, por los delitos de: usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes, malversación agravada.
Además de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir.
«El Ministerio Público tiene esta relación de hechos concentrados en un voluminoso expediente y tengan por seguro que la justicia recaerá sobre todos los actores internos y externos que forman parte de esta organización terrorista», puntualizó.
El fiscal resaltó que «las sanciones, el bloqueo y el secuestro de activos, de dinero que le corresponde a Venezuela terminan siendo crímenes de lesa humanidad».
«La Corte Penal Internacional (CPI) tiene esas pruebas, esos informes en sus manos, en la investigación Venezuela 2, y debe en consecuencia actuar, y aspiramos que haya una respuesta al respecto», concluyó.