El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió ayer con Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), en el primer encuentro oficial durante su visita de tres días al país.
La reunión, que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo, concluyó sin declaración oficial.
Khan arribó en la víspera a Venezuela procedente de Colombia en el marco de su primera gira a la región.
Su visita ocurre en el marco de la fase final del examen preliminar sobre Venezuela que la CPI mantiene abierto desde febrero del 2018, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad de parte de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles desde al menos abril de 2017, y que el gobierno de Maduro niega.
En este sentido está previsto que sostenga reuniones «con distintos interesados, en particular reuniones de alto nivel con las autoridades, el poder judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales», aunque estas últimas han denunciado desconocer la agenda de estos encuentros.
Venezuela es signataria del Estatuto de Roma, creado por la CPI y, por lo tanto, está en la obligación de colaborar con las gestiones que adelante el tribunal para determinar si existen responsabilidades en los hechos señalados.
La anterior fiscal, Fatou Bensouda, advirtió en un informe en junio pasado que hay motivos para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país, al menos desde abril de 2017, durante las protestas antigubernamentales que se prolongaron hasta julio y que dejaron unos 120 muertos.
Asimismo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas publicó en septiembre su segundo informe, descalificado por el gobierno, en el que concluyó -entre otros aspectos- que los jueces y los fiscales han tenido un papel muy importante en las graves violaciones de derechos humanos contra los opositores.
En Venezuela hay 254 «presos políticos» según la oposición, que el gobierno afirma son «políticos presos», de los cuales 122 son civiles y 132 militares, según cifras de la Organización No Gubernamental Foro Penal.