La Operación “Mano de Hierro” contra la corrupción ya está en marcha y el primer golpe cayó sobre funcionarios chavistas. Dos alcaldes, dos diputados y un fiscal son los primeros detenidos del último plan ordenado por Nicolás Maduro para luchar contra los males que aquejan a la revolución bolivariana: a tres de los arrestados se les acusa de narcotráfico y a dos, de contrabando de gasolina.
La Policía Nacional Bolivariana detuvo la semana pasada a la alcaldesa Keyrineth Fernández, una de las dirigentes indígenas del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con seis panelas de cocaína, alrededor de siete kilos. Junto a Fernández fueron apresados dos diputados: una ´promesa´ de las juventudes del oficialismo y otro parlamentario perteneciente a las filas de la “oposición” colaboracionista.
La alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, al sur del Lago Maracaibo y cerca de la frontera con Colombia, pertenece a la etnia indígena wayú. Una “hija de Chávez”, como ella misma se define en sus redes sociales. “¡Aquí está invicto Chávez, aquí seguimos su generación de oro, asumiendo con muchísima valentía porque no tenemos miedo a esa oligarquía, hemos aprendido mucho! Tenemos que agradecerle a usted (Nicolás Maduro) el ejemplo que nos ha dado, también a nuestro hermano vicepresidente del partido, Diosdado Cabello”, disertó Keyrineth Fernández en un reciente acto político del PSUV, encabezado por el “presidente pueblo”.
Dirigentes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el municipio Jesús María Semprún llevaban semanas denunciando el abuso de poder reiterado de la alcaldesa, que incluso usó a paramilitares para amedrentar a tiro limpio a los votantes durante la jornada electoral del 21-N, además de cometer “múltiples delitos electorales”. Las denuncias elevadas al PSUV no fueron nunca escuchadas.
La alcaldesa lideraba una red de narcotráfico, ahora desmantelada, de la que también forman parte Taína González, diputada por Zulia, y Luis Viloria Chirinos, diputado por Táchira, ambos estados fronterizos. Lo más llamativo es que Viloria ya apareció en noviembre entre los detenidos de otra redada por drogas, pero inexplicablemente permanecía en libertad. Según informaron los propios medios chavistas, el diputado cayó en la redada efectuada por la Guardia Nacional Bolivariana contra un grupo que transportaba 336 panelas de cocaína (368 kilos) desde Táchira hasta el puerto de La Guaira.
Taína González ejercía como comisionada de asuntos religiosos en las Juventudes del PSUV y en su día alcanzó cierta popularidad en las bases chavistas al convertirse en la diputada más joven de la Asamblea Constituyente. Viloria, en cambio, militaba en uno de los falsos partidos de la “oposición” que colaboran con el chavismo, incluso medios revolucionarios aseguran que ejerció como asesor de Luis Parra, líder de los “alacranes” que llegó a presidir la Asamblea Nacional intervenida por el chavismo. Estos diputados abandonaron las filas de la Unidad Democrática para conformar una bancada al servicio del magnate colombiano Alex Saab, principal operador financiero de la revolución y presunto testaferro de Maduro, que permanece en una prisión de Florida a la espera de juicio.
El segundo operativo de las autoridades ha desmantelado otra red, en esta ocasión vinculada al contrabando de gasolina, uno de los principales negocios hoy en el país, donde el combustible está racionado. A Carlos Vidal, alcalde chavista del municipio Independencia en el estado Anzoátegui (noreste de Venezuela), y al fiscal superior de Bolívar, Manuel Gil da Silva, se les acusa de ser los líderes de una “peligrosa red de delincuencia organizada” dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de combustibles.
“Traidor a la confianza del pueblo e indigno de su investidura”, señaló Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al alcalde detenido. Las estaciones de gasolina, en las que proliferan los sobornos, están bajo el control de los militares.