El gobierno de Nicolás Maduro solicitó hoy orden de aprehensión contra dos opositores colaboradores de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional del 2015, a quienes acusó de «conspiración» y de «usurpación de funciones públicas», entre otros delitos.
El anuncio lo hizo Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente comunal, al precisar que las órdenes de captura recaen sobre Andrés Felipe Yrigoyen Luna y José Ramón Pocaterra Esparza, designados en forma «ilegal» por el Parlamento opositor como presidente y miembro, de la Junta directiva de Citgo, principal filial de la estatal Pdvsa en Estados Unidos.
«Se solicitó orden de aprehensión y medidas de aseguramiento consistente en la prohibición de enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles, y el bloqueo e inmovilización de cuentas, orden de allanamiento e incautación de bienes, muebles e inmuebles en contra de los ciudadanos José Ramón Pocaterra Esparza y Andrés Felipe Yrigoyen Luna, designados ilegalmente como miembro de la junta directiva y presidente de Citgo, respectivamente», dijo el fiscal en rueda de prensa en Caracas.
Precisó que a ambos se les «imputa por delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia».
Durante su intervención destacó que la designación «ilegal» de «estos dos integrantes de la directiva de Citgo» la realizó «un grupo de exdiputados, apoyados por gobierno extranjeros», quienes han pretendido «a través de la Comisión Delegada darle continuidad a un periodo legislativo que ya culminó el pasado 5 de enero».
«Este órgano inconstitucional que carece de cualquier legitimidad o poder decisorio ha pretendido continuar con la ficción de que el poder Legislativo ya vencido ostenta el control de Poder Ejecutivo. Son excusas para seguir dándole continuidad al robo que ellos han venido realizando», aseveró.
Además, sostuvo que la acción «de autoproclamarse como presidente encargado y designar una junta ad hoc de Citgo tomada por el innombrable sujeto (Juan Guaidó) junto a sus secuaces ha impedido a la República ejercer una defensa adecuada contra la demanda realizada por Crystallex en un tribunal federal de los Estados Unidos».
«Los auténticos representantes del Estado venezolano fueron impedidos de actuar y se entregó la defensa de Venezuela al falso procurador José Ignacio Hernández, prófugo de la justicia venezolana quien antes había sido asesor de la propia Crystallex», apuntó.
Hernández, designado como procurador por Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, renunció el pasado mes de junio a su cargo.
El fiscal dijo que desde hace tres años el Ministerio Público «investiga, persigue y sanciona la corrupción de estos personeros escudados en supuestas actividades políticas, que bajo la tesis de la autoproclamación y su apropiación de los bienes de la República con el apoyo de Estados Unidos», derivó en una «gigantesca trama de corrupción y de saqueo a nuestro país».
«Aspiramos que, con el apoyo de Interpol, a través de las alertas rojas, estos sujetos paguen por todo el daño que le han causado a Venezuela (…) y no favorecer a 3, 4, 5 familias que viven como jeques en el exterior», puntualizó.
El control de Citgo está en el medio del conflicto político venezolano, mientras las autoridades de Estados Unidos reconocen a la junta directiva ad hoc nombrada por el Parlamento y Guaidó, el gobierno de Maduro acusa a los opositores de apropiarse de un activo estatal.
El pasado jueves un juez de Delaware, Estados Unidos, autorizó la venta de las acciones de Citgo, en indemnización a Crystallex por la nacionalización, hace más de una década, de un yacimiento de oro operado por la minera canadiense en esta nación sudamericana.
Citgo, con sede en Houston (Texas), tiene tres refinerías en Estados Unidos que procesan unos 750.000 barriles de crudo venezolano al día, así como una red de unas 10.000 gasolineras el suelo norteamericano.