Un grupo de trabajadores sanitarios, acompañados de defensores de derechos humanos, clamó hoy ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Caracas que se acelere la adquisición de vacunas para que los venezolanos puedan combatir la pandemia, en momentos en que los contagios y fallecidos siguen en aumento en el país.
«Es necesario que las vacunas lleguen y lleguen realmente a todos los ciudadanos y trabajadores, como el sector salud, que es el que está en la primera línea de batalla», dijo a los periodistas Margoth Monasterios, presidenta del Sindicato de trabajadores del Hospital Universitario de Caracas, en las afueras de la sede del organismo.
Afirmó que es importante que la OPS busque los medios internacionales de apoyo para que los antígenos ingresen, sin importar si fueron gestionados por el gobierno de Nicolás Maduro o por la oposición que lidera Juan Guaidó.
«A nosotros no nos interesa absolutamente nada sus problemas políticos. A nosotros nos interesa la vida de los venezolanos, el hecho de que el ciudadano pueda salir de este trance que está padeciendo», afirmó en referencia a la necesidad de la adquisición de vacunas.
Desde febrero, el gobierno adelanta la vacunación con las 880 mil dosis recibidas hasta ahora, entre las rusas Sputnik V y las chinas de Sinopharm, mientras espera que entre julio y agosto arriben la totalidad de dosis adquiridas a través del sistema Covax de Naciones Unidas, que sean distintas a la AstraZeneca, cuyo ingreso fue prohibido por la administración de Maduro.
Monasterios destacó que es muy importante cumplir la «cadena de frío para que cuando se vaya a poner la vacuna lleve el protocolo completo, y no que, por ejemplo, se va la luz y se pierde la vigencia y el espectro que pueda tener esa vacuna».
«Si los entes nacionales no toman las previsiones necesarias para que esas vacunas sean efectivas de nada va a valer que vengan ni que las compren. Tienen que tener ese protocolo si no el venezolano va a quedar igual, desprotegido», advirtió.
Asimismo Emilio Negrín, activista de derechos humanos y presidente del sindicato de trabajadores judiciales, exigió que «las vacunas sean despolitizadas», tras sostener que las dosis a través del mecanismo Covax «se han convertido en una herramienta política que el chavismo y la oposición lo aprovechan a su favor».
Criticó que en «ese juego de palabras de mentiras y verdades que hay dentro de la política nacional» quedó «envuelto el pago que Maduro dijo hizo al Covax, así como los anuncios de Guaidó para la compra de vacunas».
Asimismo, rechazó que el Ejecutivo no haya aceptado la propuesta del sector empresarial para la adquisición de vacunas, en las que planteaban importar un primer lote de 6 millones de dosis, que serian aplicadas a los trabajadores privados y sus familiares.
«Al Estado no le pareció buena idea por el costo político. Sabemos que el Estado tiene los recursos para pagar esas vacunas, simplemente le están dando una connotación política y por eso no lo hacen en el tiempo establecido», fustigó.
Negrín pidió que se aplique la normativa internacional, que «es bastante amplia y bien específica», que «permitirá adquirir las vacunas, no solamente un tipo sino los diferentes que hay en el mundo».
«Que el Estado sea el garante, aplique los procedimientos, pero también tome en consideración a la Federación Médica Venezolana, a la Academia Nacional de Medicina, y a todas aquellas organizaciones y ONG representantes del sector salud», dijo.
Por otra parte, denunció que pese a que, la vacuna cubana Soberana 2 «no cuenta con ninguna aprobación de organismo internacional, ya viene en camino un gran lote, y ya se avisó vía oficio al sector salud para que sea aplicada de manera obligatoria».
«Denunciamos este hecho como un acto discriminatorio de lesa humanidad en contra de los trabajadores del sector público», puntualizó.
La actividad se realizó sin alteración del orden público y al final los trabajadores consignaron un documento con sus peticiones a la OPS.