Un grupo de abogados solicitó hoy ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad de la Reforma de la Ley de Registros y Notarías por considerarla «inconstitucional y confiscatoria», que «cercena» los derechos económicos de los venezolanos.
«Interpusimos esta acción ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo buscando llamar la atención de los magistrados, quienes están llamados a legislar y a subsanar estos vicios de inconstitucionalidad porque esto es mucho más peligroso que un aumento de gasolina», advirtió la abogada Yelitza Vivenes.
La reforma de la Ley de Registros y Notarías en Venezuela que ha levantado una oleada de críticas de ciudadanos y organizaciones por el incremento de las tasas, que pasan a calcularse con base en el valor del petro (criptoactivo cuyo valor está dado por el costo del barril del petróleo), fue aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría chavista y publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.668 en diciembre del 2021.
En esa oportunidad la fracción chavista justificó los rangos de las tasas ahora en petro, basándose en la supuesta «guerra económica» que «los obliga a adecuar los montos».
«Esto definitivamente cercena los derechos económicos de la ciudadanía porque si la persona gana sueldo mínimo (unos 2 dólares aproximadamente) no va a tener acceso, por ejemplo, a registrar la compra y venta de un vehículo que puede ubicarse alrededor de los 400 dólares», aseveró Vivenes.
Además, indicó que «esa ley dará lugar a una inseguridad jurídica porque si no se puede registrar un acto de venta, esa persona puede vender ese carro las veces que le dé la gana».
En este sentido destacó que «esta es una ley absolutamente voraz» que «merma el poder adquisitivo y el poder económico, y por eso se dice que es confiscatoria».
«Esta ley tuvo que haberse fijado con algunos parámetros como lo han hecho en todos los países del mundo con base en el IPC, pero acá eso no se tomó en cuenta y no sabemos cuál fue la estrategia que empleo el órgano rector», cuestionó.
Además, apuntó que en este caso «se la da la potestad al director nacional del Servicio Autónomo de Registros y Notarías para fijar las tasas, y no solamente eso, sino que también tiene facultad para adecuarlas cuando lo crea conveniente».
«Esta es una ley inconsulta que en su proceso de formación no contó con la participación ciudadana. Además, nació de forma inconstitucional violando la preserva legal, ya que la autoridad que la emite es manifiestamente incompetente para ello», apuntó.
Igualmente, sostuvo que «esta ley no cumplió con el lapso de vacante y entró en vigencia de inmediato, y además viola el principio de que en Venezuela se derogan las leyes por otras, pero esta ley no deroga la del 2014, sino que deroga la del 2006, por lo tanto, no preguntamos qué ley está vigente en este momento».
Vivenes dijo que esperan que el tribunal de alzada, al que la oposición señala de servir al presidente Nicolás Maduro, «nos establezca una audiencia para poder defender nuestro punto de vista» pero «la mayor aspiración es que se anule la ley o por lo menos el articulado que está convirtiendo esta ley en una amenaza para la economía y estabilidad social».
«Si ya se hace difícil vivir en un país en dónde no sabemos cuánto es el IPC, cuánto es la inflación real y el venezolano tiene que hacer milagros para vivir y subsistir, ahora para todo acto civil y mercantil deberá pagar tasas exorbitantes que son totalmente desproporcionadas al salario mínimo y a los intereses económicos de los ciudadanos», puntualizó.
Vivenes estuvo acompañada en la actividad por un grupo de abogados de Caracas y también del estado Carabobo.