El ministerio público venezolano presentará al Poder Legislativo un proyecto de ley que busca sancionar los delitos que se generan en torno al acoso y la agresión escolar en sus distintos niveles educativos, anunció este martes el fiscal general, Tarek William Saab.
Entrevistado en el canal estatal VTV, Saab consideró que los delitos relacionados al acoso, abuso y agresión escolar deben ser penados por la ley porque generan daños psicológicos y emocionales irreversibles en las víctimas, que pueden llegar a inducir al suicidio.
En ese sentido, el fiscal adelantó que el proyecto de ley procura establecer sanciones y penas contra los casos que se den en los distintos niveles y centros de formación, desde la educación primaria hasta la universitaria.
La normativa también prevé sanciones para el acoso cibernético o informático, en los casos de difusión «en cualquier medio electrónico» —como redes sociales y otras tecnologías— de audios, fotografías, videos, información u otro tipo de mensajes que promuevan odio y desprecio, para causar daño a la estabilidad e integridad psicológica y emocional de las víctimas.
La «inducción al suicidio» por acoso, abuso y agresión escolar, será considerado el delito «más grave» y deberá castigarse «con todo el peso de la ley», adelantó Saab, que considera la propuesta de ley como un avance en materia de respeto a los Derechos Humanos.
Responsabilidades del Estado
En cuanto a las responsabilidades del Estado, el fiscal comentó que, de aprobarse la ley, la cartera de Educación podrá iniciar procedimientos administrativos a los centros de formación y docentes que violen las disposiciones de la normativa.
Además, el Ministerio tendrá la obligación de crear equipos multidisciplinarios en las instituciones para prevenir, abordar, acompañar y prestar asistencia psicosocial a las víctimas.
Aunque Saab no informó cuando presentará la propuesta de ley al Legislativo, llamó a la población venezolana —en especial madres, padres y representantes— a estar atentos sobre el acoso escolar, y recomendó a las autoridades de los centros educativos a prepararse y a elevar la conciencia sobre el tema.
«No podemos seguir permitiendo situaciones de acoso, no hay espacio para seguir justificando este tipo de agresiones como una simple burla», advirtió el fiscal.