En declaraciones a la AFP, colombiano Andrés González Díaz, presidente del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos explica las consecuencias de la moción de expulsión.
Ante los resultados planteados en la pasada reunión de la OEA en las que se votó sobre la expulsión de Venezuela, con un resultado de 19 votos a favor, cuatro en contra y 11 abstenciones, Andrés González dijo se realizaron Avances.
“Hubo un avance de muchos países que antes apoyaban la postura del gobierno de Venezuela y ahora se abstuvieron y algunos evolucionaron votando a favor de esta resolución. Ahí está la gran ganancia. Hubiese sido fatal para la OEA no pronunciarse sobre este tema”, declaró.
Se le consultó sobre las posibles sanciones a las que será sometido el país petrolero, sobre lo cual indicó que este es un fundamento que permite a los países miembros de la OEA actuar de manera independiente en sus particulares relaciones con Venezuela y aplicar aquellas acciones que consideren pertinentes, en función del planteamiento acerca de la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo.
Indicó en sus declaraciones que el documento firmado, permitiría habilitar canales de ayuda humanitaria y de vigilancia epidemiológica.
“Lo que sigue es una valoración de las circunstancias en forma permanente para apreciar la evolución de los hechos e ir tomando las decisiones apropiadas”, indicó el presidente, quien fue increpado sobre cual será el siguiente paso a tomar contra Venezuela, al no contar con los 24 votos requeridos para la expulsión definitiva.
Consejo Permanente de la OEA no tiene prevista una asamblea extraordinaria
También dijo en la entrevista que no hay una fecha para convocar una asamblea extraordinaria, según los procedimientos establecidos por la Carta Democrática Interamericana.
Dijo que: “esto no está sujeto a plazos sino a una valoración de la situación. Y a una dinámica de entendimiento entre los estados para poder avanzar en el momento oportuno y cuando las circunstancias lo permitan”.
La suspensión de un miembro, explica González Díaz, “es un mecanismo que condena la falta de cumplimiento de los estándares democráticos y al mismo tiempo ayuda a que se tomen todas las medidas para que se restauren”.
Ante la postura de Venezuela, que ya había pedido la salida del organismo, dijo que “Más allá de esa controversia, el gobierno venezolano tiene obligaciones ante la comunidad internacional de respeto de los derechos humanos fundamentales y de los valores democráticos que persisten”.