Representantes de diferentes organizaciones feministas entregaron a la Asamblea Nacional Constituyente un documento contentivo de la propuesta para la despenalización del aborto en Venezuela.
Daniela Hinojosa, coordinadora nacional de la red de colectivos La Araña Feminista, Taroa Zúñiga, representante de la Red de Información por un Aborto Seguro (RIAS) e Isabel Gómez por el Frente Cultural de Izquierda (FCI), presentaron el documento ante María León, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer por la Igualdad y Equidad de Género de la ANC.
Hinojosa manifiesta que esta propuesta busca respaldar el derecho de cada persona a ejercer su sexualidad de forma libre y plena.
De igual manera plantea que el texto busca que se garantice el derecho a una educación sexual integral.
Dijo que esta propuesta incluye la garantía del acceso a anticonceptivos gratuitos y constantes, para personas de ambos géneros haciendo énfasis en el sistema de salud pública media y universitaria.
Hinojosa manifestó que “Este es el primer paso de un largo camino y solicitamos ante la ANC que se abra el debate para que sean incluidos varios artículos donde se contemplen el derecho a ejercer una sexualidad libre, la orientación, la identidad y la expresión de género libre de cada persona. Además de la interrupción del embarazo, ya que son temas sociales y de políticas públicas de salud”.
El marco legal del aborto en Venezuela
En Venezuela el aborto esta tipificado en la ley como un delito contra las personas por el Código Penal nacional.
Se ha planteado que el feto no es una persona, lo cual es refutado por el propio Código Civil Venezolano en su Art. 17, que expresa:
«El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien; y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo».
El código penal venezolano señala las consecuencias a aquella mujer que aborta de manera intencional.
Artículo 430: La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años.
Artículo 431: El que hubiere provocado el aborto a una mujer, con el consentimiento de esta, será castigado con prisión de doce a treinta meses.
La visión de los organismos internacionales.
Durante la 69° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fue solicitado a Venezuela la revisión y modificación de la ley del aborto manifestando lo siguiente:
“El Comité está profundamente preocupado por que Venezuela tenga uno de los índices más altos de la región de embarazos de adolescentes y que muchos de ellos acaben en muerte materna”.
También indicaron que el organismo, “está preocupado por la falta de acceso a procedimientos de aborto seguro a causa de la restrictiva ley y la carencia de información sobre el impacto de los programas para reducir estos embarazos”,
Esta afirmación se basa en el hecho de que “los índices de embarazo adolescente son los más altos de la región, al mismo tiempo que la mortalidad femenina en el grupo de edad de 15 a 17 años se han triplicado de 1997 a 2009 y aunque, según la información proporcionada por el Estado, este índice ha decrecido en 2013, sigue siendo muy alto” tal como lo señala el organismo en sus conclusiones sobre Venezuela.
Este tema ha tomado auge en américa latina, pero también ha generado polémica, debido a la posición de sectores conservadores y la iglesia católica, que rechaza la finalización de un embarazo, basándose en la defensa del derecho a la vida.
Países como Argentina y Chile avanzaron en la discusión pública del tema y hoy en día el primero discute una ley para hacer legal el aborto, mientras el segundo ya lo hizo legal.
Despenalización del aborto no supone la penalización del embarazo
Esther Pineda, quien es consultora de género y equidad, publicó en su blog un articulo en el que manifiesta:
“…Debemos comprender que, la despenalización del aborto no supone la penalización del embarazo, tampoco significa convocar a las mujeres a abortar, consiste en brindar a las mujeres la posibilidad de no morir por la realización de procedimientos en condiciones inseguras, de tomar las decisiones que competen a su cuerpo, lo cual necesariamente deberá darse como un proceso integral, de educación sexual y promoción del uso de anticonceptivos para la prevención de embarazos no deseados”.