Un grupo de funcionarios gubernamentales activos y retirados protestaron hoy en Caracas, exigiendo la liberación total de todos los líderes detenidos por defender los derechos de los trabajadores.
También rechazaron las políticas económicas del gobierno de Nicolás Maduro, que dicen están socavando salarios y pensiones y violando los derechos humanos de poblaciones enteras.
El líder sindical José Patines ha argumentado que las malas políticas económicas de Maduro y la forma en que dirige el país han contribuido su fracaso.
“Exigimos a los jubilados y jubiladas que respeten el artículo 91 de la constitución nacional, en el cual establece que los salarios deben ser suficientes para cubrir la canasta básica inflacionaria imparable que hoy supera los $500. Los que han destruido el país deben rendir cuentas por esta crisis del mercado laboral”, demanda el líder sindical.
Poe su parte, el defensor de derechos humanos y abogado Eduardo Torres, pidió al Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz que abra una investigación para examinar a los trabajadores encarcelados, si deben defender sus derechos laborales y los del pueblo en general.
Además, pidió que se haga una declaración pública sobre la libertad del líder y pidió al defensor del pueblo que participara en el caso ya que puede hacerlo bajo la ley que le rige. “Él no hizo eso hoy, y tampoco lo hizo el fiscal general Tareq William Zaab, quien sancionó los cargos contra los trabajadores.
«Estamos aquí para exigir la libertad total para todos”, dijo. entre los detenidos estan identificados a Gabriel Blanco, trabajador humanitario y activista: Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reinaldo Cortés y adicionalmente el representante sindical Emilio Negrín, quien fue detenido en julio pasado.
Los ciudadanos fueron acusados por la presunta comisión de delitos de asociación y conspiración.
Los manifestantes exigen adicionalmente la libertad del maestro Robert Franco, detenido hace dos años y acusado de «terrorismo» vinculado al llamado «boicot» de la Asamblea Nacional contra la mayoría oficialista.
Otro de los detenidos es el responsable de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, quien fue privado de libertad en julio de 2021 y también ha sido acusado de terrorismo e incitación al odio.
Torres también busca la libertad de la trabajadora petrolera Johana González, cuya boleta de liberación nunca fue ejecutada y ahora ha sido anulada por el mismo juez.
“Esto demuestra que en Venezuela no existe un sistema judicial autónomo, independiente e imparcial”, enfatizó. Venezuela tiene 284 presos políticos comúnmente referidos por el gobierno, de los cuales 131 son civiles y 153 militares, según la ONG Foro Penal.
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