Un proceso bajo sospecha.
Seis meses después de la intervención militar estadounidense que sacó del poder a Nicolás Maduro, la reforma penal impulsada por Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello avanza con serias dudas sobre su alcance real. La renovación exprés del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la polémica ley de amnistía han generado resistencia en los propios tribunales chavistas, que mantienen prácticas de persecución y sumisión al Ejecutivo.
La amnistía y sus límites.
La ley de amnistía, presentada como primer paso hacia la transición, mostró rápidamente sus debilidades. Jueces se negaron a firmar excarcelaciones o aplicaron medidas restrictivas de forma selectiva. “La norma pudo haber sido importante, pero se quedó corta”, señala la abogada penalista Magaly Vásquez, quien subraya la falta de autonomía judicial.
Nombramientos cuestionados.
El nuevo fiscal general, Larry Devoe, y la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, fueron designados en un proceso dominado por el chavismo. La renovación de magistrados del TSJ se inició con irregularidades y cambios de reglas sobre la marcha, lo que alimenta la desconfianza.
Viejas prácticas, nuevas promesas.
Aunque el Gobierno reconoce problemas estructurales como la corrupción y la extorsión en el sistema judicial, los cambios reales son limitados. Se han creado líneas de denuncia y se habla de depuración policial, pero las organizaciones de derechos humanos advierten que las violaciones al debido proceso continúan.
El “efecto Afiuni”.
La estabilidad de los jueces sigue siendo un tema central. Desde 2003 la mayoría de los cargos son provisionales y el precedente del encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni en 2009 marcó una generación de magistrados sometidos al poder político. Su reciente citación judicial, pese a haber cumplido condena, demuestra que el viejo sistema aún opera.
Conclusión.
La reforma judicial venezolana avanza entre anuncios oficiales y prácticas heredadas. Sin reglas claras ni transparencia, la desconfianza crece y el país sigue sin garantías de independencia judicial.