Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, inició hoy una visita oficial para evaluar el impacto de las sanciones aplicadas contra Venezuela.
El ministerio de Relaciones Exteriores venezolano lo informó a través de un comunicado en el que precisó que la visita de la diplomática se extenderá hasta el próximo viernes 12.
Durante su permanencia, está previsto que Alena Douhan se reúna con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, miembros de la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre y del poder Judicial.
Asimismo, que sostenga encuentros con representantes de organizaciones internacionales, la comunidad diplomática, la sociedad civil, la oposición venezolana y el mecanismo nacional de derechos humanos, abogados, académicos, activistas, víctimas y sus familiares.
Igualmente, que sostenga una conferencia de prensa, antes de partir del país, donde dará a conocer sus observaciones preliminares sobre su visita.
La Relatora Especial presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2021.
Douhan llegó este sábado a Caracas y fue recibida en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía por Daniela Rodríguez, viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Héctor Constant embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el mandato del Relator Especial en septiembre de 2014, tras la preocupación del sistema de derechos humanos de la ONU y de la comunidad internacional por el impacto negativo de las sanciones unilaterales en los DDHH de la población civil, que se ha vuelto aún más relevante durante la pandemia de Covid-19.
A su vez el gobierno de Maduro llevó a la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia por «delitos de lesa humanidad» por la «violación sistemática y masiva de los DDHH», producto «del bloqueo criminal» aplicado por parte del Gobierno saliente de Estados Unidos que presidía Donald Trump.
Trump, quien no reconoció la reelección de Maduro tras los comicios del 2018 considerados «fraudulentos» por no contar con las garantías electorales mínimas, emitió sanciones dirigidas a unas 200 personas y entidades del entorno del gobernante socialista, muchos señalados por hechos de corrupción que afectan al pueblo venezolano.
Entre las entidades sancionadas figuran, el Banco Central de Venezuela (BCV) y Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), principal empresa generadora del 90% de los ingresos en divisas.
Las sanciones dificultan las exportaciones y la financiación que requiere Venezuela, que atraviesa un colapso económico acentuado por una hiperinflación y agravado por la pandemia del Covid-19.