A días de que Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) llegue a Venezuela, crecen las expectativas sobre las implicaciones que su visita oficial podría tener para que haya «justicia» ante «la sistemática violación» de derechos humanos en el país.
Organizaciones no gubernamentales junto a familiares de las víctimas de violación de DDHH y de los presuntos «crímenes de lesa humanidad» consideran «clave que el fiscal los escuche», y para presionar los encuentros preparan para una protesta para este viernes.
Alonso Medina Roa, abogado defensor de los DDHH, dijo que «la opacidad y la falta de conocimiento de la agenda genera una gran inquietud en las víctimas quienes desean ser escuchados por el fiscal».
«Tenemos al gobierno refiriéndose que es un aspecto positivo esta visita, pero nosotros tenemos una posición muy clara, si esta visita se realiza sin que oigan a las víctimas se podría interpretar como algo de carácter político o como una reunión del fiscal con una de las partes que forman parte de un proceso donde hay víctimas también, y eso de alguna u otra manera pudiera afectar la investigación», afirmó.
La llegada de Karim Khan está prevista para este sábado, en el marco de la primera visita oficial de 10 días por la región que realiza desde que asumió su cargo este año.
De acuerdo con el comunicado oficial de la CPI, el viaje busca explorar vías de cooperación «en consonancia con el principio de complementariedad».
En su permanencia el fiscal se reunirá, según la CPI, «con distintos interesados, en particular reuniones de alto nivel con las autoridades, poder judicial y cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales».
Sin embargo, Medina Roa comentó que «muchas ONG y muchas víctimas no tenemos conocimiento que ninguna haya tenido contacto a los fines de establecer una agenda».
«Apostamos a que esta visita sea en positivo a los fines de avanzar sobre las denuncias ante la CPI por violación de DDHH y los delitos de lesa humanidad», afirmó.
A su vez Rafael Uzcátegui, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), advirtió que el gobierno de facto tratará de convencer al fiscal que en el país se provee una «justicia genuina», e «intentará usar esta visita para sostener que viene a respaldar sus actuaciones, pero esto no es así».
Asimismo, denunció que las «decisiones atropelladas», que han tomado adelantando juicios en materia de DDHH, así como el «maquillaje» a centros de reclusión y el traslado de presos políticos a cárceles comunes busca «disfrazar la situación real».
«El fiscal debería enfocarse en el funcionamiento de administración de justicia porque todos los autoritarismos funcionan de la misma manera, todos pintan una cárcel cuando van a recibir visitas internacionales», opinó.
En este sentido insistió en que debe recolectar suficiente información para poder entender que «el gobierno no tiene voluntad política para investigar y sancionar las diferentes situaciones violatorias de los DDHH».
«No es solamente condenar al funcionario que dispare o torture sino también investigar la cadena de mando y establecer reparaciones para las víctimas y sus familiares especialmente políticas de no repetición de los hechos», precisó.
A su vez Molly De La Sotta hermana del capitán de Navío, Luis De La Sotta, preso desde 2018, dijo que «el fiscal debería por lo menos entrevistarse con las víctimas, sino su visita no tiene sentido».
Denunció que su hermano al igual que 80% de los militares detenidos tienen «retardo procesal» porque «los están dejando morir de mengua».
«Siguen simulando atención médica y sancionando leyes que no cumplen», rechazó. En este orden alertó que su hermano necesita traslado urgente a un centro de salud, dado que presenta «gastritis severa con reflujo e inflamación de colon».
«Todos son responsables de las consecuencias por falta de atención médica. Ya son más de 3 años sin juicio», denunció.
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