La sentencia del Tribunal Superior de Ibagué contra el presidente de Colombia, Iván Duque, publicada recientemente, es el puntillazo que le lanza la institucionalidad colombiana al uribismo, ya execrado de la carrera presidencial.
Es también una bocanada de legitimidad que toman los tribunales para ejercer poder, especialmente ante los indeterminados escenarios que se abrirán después de la segunda vuelta presidencial del 19 de junio.
Y no es que los motivos del fallo no sean cruciales. Son de suma importancia en tanto tienen como objeto obligar al rescate de un parque nacional que, según la sentencia, el Gobierno colombiano no resguardó tal como se lo demandó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2020.
El tribunal plantea que Duque desacató una orden judicial de la CSJ, debido a que se negó a cumplir con el dictamen que le demandaba recuperar el parque de Los Nevados, al que el alto tribunal le confirió el status de «sujeto de derechos».
Por ello, le impone arresto domiciliario por cinco días y una multa de quince salarios mínimos. Además, encarga a la Policía Nacional (PN), o al superior que atiende las funciones de policía en el Palacio de Nariño, que cumpla el mandato.
En un país como Colombia, un tema relacionado con el medioambiente podría haber pasado desapercibido, pero no fue así. Una vez resuelta la primera vuelta electoral y con el uribismo –al que pertenece el presidente– en franca derrota, el tribunal lanzó un trastazo final a la moral de este movimiento hegemónico por dos décadas. Leña del árbol caído, dice el refrán popular.
La sentencia muestra que, de aquí en adelante, la Justicia colombiana ya no se va a dejar amarrar por el uribismo. Además, advierte a los candidatos presidenciales que hay un marco jurídico y que cualquier «tentación populista» puede acarrear sanciones.
Duque respondió al tribunal acusándolo de «prevaricato»: «Es inexplicable, quiere pasar por encima del fuero constitucional (…) dizque por no querer cumplir esa sentencia. La decisión es inconstitucional».
Qué implicaciones políticas tiene la sentencia
Conocidos los resultados de la primera vuelta, destronado el uribismo y corroborado el impacto terrible del Gobierno de Duque (2018-2022) sobre el electorado uribista, esta condena viene a asfixiar el último aliento de una gestión que boquea.
Pero, y esto es clave, lo hace no por simple ejercicio «forense», sino sobre todo para indicar, a futuro, que en Colombia hay una institucionalidad que no ha sido derribada a pesar del resultado electoral en el que los partidos tradicionales, los edificadores de dicha institucionalidad, fueron los grandes derrotados. Es entonces un «acto reflejo» del poder legal para explicar que quien ha muerto no es él, sino el uribismo.
La sentencia muestra que, de aquí en adelante, la Justicia colombiana ya no se va a dejar amarrar por el uribismo. Además, advierte a las nuevas experiencias políticas, que tratan de llegar al poder en esta segunda vuelta, que hay un marco jurídico y que cualquier «tentación populista» del vencedor puede acarrear sanciones de gran calado, incluso al nivel de la prisión presidencial.