Diferentes ONG han solicitado ante la ONU la declaración oficial de este estatus.
Investigadores de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y de Human Rights Watch, emitieron un informe en el que piden al Secretario General de la ONU, declarar emergencia humanitaria en Venezuela.
La falta de provisiones médicas y alimentarias en Venezuela, junto con la propagación de enfermedades dentro de sus fronteras, son elementos de una emergencia compleja que requiere una respuesta humanitaria a gran escala por parte de las Naciones Unidas, explican las instituciones en su informe.
Según las organizaciones, «las autoridades venezolanas durante la presidencia de Nicolás Maduro se demostraron incapaces de frenar la crisis y la han exacerbado, a través de sus esfuerzos de suprimir informaciones sobre la urgencia de los problemas».
El informe de 71 páginas documenta un aumento del número de muertes maternas e infantiles en Venezuela, así la propagación incontrolada de enfermedades prevenibles con vacunas simples, como el sarampión y la difteria, y un fuerte aumento en la transmisión de enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis.
Los datos disponibles muestran altos niveles de inseguridad alimentaria y malnutrición infantil, así como ingresos hospitalarios para niños desnutridos. «Las autoridades venezolanas no pueden ocultar la realidad», dijo Shannon Doocy, profesora de salud internacional de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, quien realizó una investigación en la frontera con Venezuela.
«El sistema de salud venezolano está en un colapso total y, en combinación con una escasez generalizada de alimentos, está causando cada vez más sufrimiento y poniendo en riesgo a cada vez más venezolanos».
«Necesitamos el liderazgo de las Naciones Unidas para ayudar a poner fin a esta grave crisis y salvar vidas», añadió.
«Las autoridades venezolanas minimizan públicamente y suprimen informaciones sobre la crisis, y obstaculizan a quienes recogen datos y hablan, mientras hacen demasiado poco para resolverla», declaró.
Igualmente, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch dijo:»Tales autoridades son responsables de inútiles pérdidas de vida».