Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente venezolana de mayoría chavista, afirmó que «no se puede tipificar» que en Venezuela existan «crímenes de lesa humanidad» porque no se trata de una política de Estado.
«No se puede tipificar que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad porque no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico. Si ocurriesen serían sancionados por todo el peso de la ley», aseguró durante una rueda de prensa en la sede el Ministerio Público en Caracas.
Junto a Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo, informó sobre la reunión «histórica» que sostuvo la semana pasada con Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Interamericana (CPI) en La Haya.
«En caso de que la fiscal llegase a concluir que en Venezuela hayan ocurrido tales y cuales delitos podemos de manera fehaciente demostrar que los hechos de violencia y las violaciones a los DDHH se han investigado, y en la medida que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la ley», enfatizó.
Comentó que en la reunión con Bensouda «se diferenció los delitos contra los derechos humanos, que son cometidos por funcionarios del Estado contra una o varias personas, de los crímenes de lesa humanidad, que son espectacularmente atroces».
Además, aclaró que la CPI no sustituye al sistema de justicia venezolano, sino que «tiene un carácter complementario», y solo tiene competencias cuando la «jurisdicción de un país no ha querido investigar los crímenes o no ha podido hacerlo por determinadas circunstancias».
«Quiero destacar que este supuesto no es el caso venezolano, aquí se sancionan y se persiguen a quienes violan los derechos humanos»,afirmó.
El fiscal explicó que la CPI estudia dos casos, el denominado «Venezuela 1» (lo sucedido durante las protestas de 2017, que investiga actuaciones de fuerzas de seguridad y actores privados), y el Venezuela 2 (relativo a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por «medidas coercitivas ilícitas» impuestas por Estados Unidos.
«Ambas cuestiones permanecen en un examen preliminar, es decir, todavía no se ha iniciado una investigación al respecto a pesar de la manipulación de algunos medios que de forma sesgada tomaron con pinzas algunas frases para transmitir un fake news», criticó.
Aclaró que en esta fase preliminar «procede la cooperación de ambas oficinas, y es lo que en parte hicimos ese miércoles 4 de noviembre, y en los próximos días de manera documental entregaremos a la oficina de la fiscal de la CPI». «Reafirmamos nuestra disposición de colaborar con la CPI y remitir la información solicitada. Adicionalmente, aprovechamos para realizar una invitación a la Fiscal para que visite nuestro país», sumó.
El fiscal resaltó que Venezuela ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la CPI, en contraste con la actitud de Estados Unidos, que «se ha negado a someterse a la jurisdicción de la Corte».
«Ha llegado al exceso de sancionar (el pasado 2 de septiembre) a la Fiscal Bensouda y otro alto funcionario de la Corte, por investigar si las fuerzas militares de Estados Unidos han cometido crímenes de guerra en Afganistán», fustigó.
A su vez Ruiz dijo que en la reunión también expusieron la situación con el gobierno de España, que «aún no extradita al responsable de la quema de Orlando Figuera, (ocurrida en las protestas antigubernamentales del 2018), ni tampoco lo ha juzgado en su territorio».
De acuerdo con varias ONG de DDHH, Bensouda, le comunicó en la reunión tanto a Saab como a Ruiz, que «hay motivos suficientes para creer que Venezuela incurrió en delitos de lesa humanidad» durante las masivas protestas antigubernamentales que dejaron más de 125 muertos y que son investigadas en el caso Venezuela 1, cuya fase preliminar II terminará con la presentación formal del informe en diciembre próximo.