Parece que lo que no perdona el gobierno bolivariano no es la traición a la patria, sino la traición a ellos mismos.
Cada nuevo develamiento de un caso de corrupción que socava la soberanía nacional y el consecuente accionar de la inepta administración de justicia venezolana dan cuenta de la crítica situación que vive el país.
La traición a la patria por sí sola transgrede los derechos de la Nación fijados de manera tajante en la Constitución Bolivariana; que señala en su primer apartado que la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del país y agrega en otra sección que es deber de los venezolanos resguardar esos derechos, así como honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales.
https://versionfinal.com.ve/sucesos/traicion-a-la-patria-es-un-delito-tipificado-y-sancionado-en-el-codigo-penal/
En el Código Penal venezolano se establece como traición a la patria conspirar contra la integridad del territorio del país o contra sus instituciones republicanas, o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines; atender dentro o fuera de Venezuela, con o sin complicidad, contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República.
https://versionfinal.com.ve/sucesos/traicion-a-la-patria-es-un-delito-tipificado-y-sancionado-en-el-codigo-penal/
La verdadera traición es a los venezolanos
Ahora bien; el desmoronamiento del aparato productivo, la destrucción de PSVSA, las empresas básicas de Guayana, el descontrol en la explotación aurífera en el Estado Bolívar, son sin duda un acto de traición a la patria en el que están implicados todos los gerentes que han sido asignados por el ejecutivo nacional.
Entonces, si eso es así, ¿por que son sólo unos pocos los señalados por este delito?. Este tipo de cargos sólo se levantan por motivos políticos y justamente en el caso de que incurran en una «traición» a los líderes del movimiento bolivariano; a la memoria del comandante Chávez o a Nicolás Maduro y sus secuaces.
Acusaciones de este estilo se le han hecho a los detractores del sistema, como es el caso de Manuel Cristopher Figuera, quien mientras sirvió a los intereses del gobierno bolivariano, era un soldado de la patria y que cuando desertó se convirtió en traidor.
Otro caso es el de Rafael Ramírez, quien tras distanciarse de Nicolás Maduro, se volvió el objeto de una fuerte persecución por parte de la Fiscalía General asignada por la Asamblea Nacional Constituyente.
Estos casos explotan ante la opinión pública, pero no tienen seguimiento, pasan al olvido y son retomados en momentos convenientes. Son un arma para modelar la opinión pública y guiar el ánimo del pueblo venezolano.
El caso Carruyo
Un caso similar al de Ramírez ocurre con Eudomario Carruyo, una de las muchas víctimas de la purga de PDVSA, sobre quien pesa el estigma con el que han marcado a los boliburgueses, sin haber participado en las conspiraciones y fechorías que le imputan.
Al empresario retirado del servicio a la nación tras más de 40 años de trabajo le han convertido en un chivo expiatorio, para que otros nombres queden ocultos de la opinión pública.
Paga el precio de haberse relacionado con el otrora nuevo liderazgo bolivariano, que demostró ser una peor versión de aquellos a los que tanto criticaron y lucharon por sacar del poder.