Activistas defensores de derechos humanos calificaron hoy de «trascendente» el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que advierte sobre los «crímenes de lesa humanidad» cometidos por autoridades del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición, al menos desde abril del 2017.
Para los activistas el pronunciamiento de Fatou Bensouda, fiscal de la CPI «acerca la justicia a las víctimas», quienes «van a tener un rol importante ante la Corte», y además abre la posibilidad de abrir investigaciones sobre los autores de las violaciones de DDHH en el país.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó que «es trascendente» el informe de la Fiscal respecto al caso de Venezuela I, que es el de la violación de DDHH que se abrió en 2018, porque «implicaría que se pueden incluir otros elementos».
«Esperamos que así sea porque consideramos que desde 2014 se han cometido este tipo de crímenes, que se han indicado, como el encarcelamiento, la tortura, la violación y otros crímenes de gravedad y finalmente la persecución», expresó.
Asimismo, consideró como «un logro y un gran avance» que desde la CPI se diga que se han cometido estos delitos porque «sería la primera vez que un gobierno de América Latina en ejercicio está siendo calificado de este modo por la Fiscalía».
«El que un país latinoamericano sea involucrado con este tipo de crímenes y que la CPI este dado tanta importancia tiene sentido porque sería la primera vez que la justicia internacional pone su foco en una situación como la venezolana, donde las víctimas no son escuchadas, son ignoradas, amenazadas, sujetas a coacción, y esto las acerca un poco a la justicia y nos da un poquito de esperanza», afirmó.
Igualmente, resaltó que el señalamiento de la Corte hacia organismos de seguridad del Estado e individuos, haciendo alusión a los llamados colectivos armados, como los presuntos responsables de estos crímenes cometidos durante las masivas protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 125 muertos, «está indicando responsabilidades a los máximos responsables de esos organismos y no a los subalternos».
«Esto es muy importante porque la tesis del gobierno es sacar algunos expedientes que tiene de funcionarios subalternos y hacerlos pasar como que en Venezuela se está haciendo justicia por las violaciones de DDHH. Lo que le interesa a la CPI es determinar quiénes son los máximos responsables en esta situación», enfatizó.
En este sentido, comentó que el pronunciamiento de la Fiscalía deja claro el fracaso del esfuerzo del régimen por ensombrecer el caso de Venezuela I al presentar el caso de Venezuela II que es el que impulsa por las sanciones que le han impuesto algunos gobiernos.
«Esperamos que este examen preliminar sobre el caso de Venezuela I sea terminado en el primer semestre del 2021, y para ese momento determinará si se va a presentar o no un caso ante la Sala de cuestiones preliminares de la Corte para que esta determine si se inicia ese juicio y se abre ante la Corte la etapa de investigación», precisó.
En tanto Tarek William, Saab, fiscal general designado por la Constituyente comunal, sin comentar el informe, saludó que la Fiscalía de la CPI haya puesto de manifiesto la colaboración del gobierno de Maduro, y destacó que las instituciones venezolanas «están atendiendo todos los requerimientos», del organismo.
«Esta decisión demuestra que las instituciones venezolanas están dando todos los pasos necesarios y atendiendo a todos los requerimientos de la fiscalía en tiempo y forma, y, por lo tanto, están demostrando su firme disposición de colaboración como queda reseñado en este pre-informe y así se continuará haciendo», afirmó en un comunicado.